En un comunicado, los siete alumnos que no pueden cursar la asignatura Griego I han informado de que solicitarán medidas cautelares al Alto Tribunal andaluz para que "proteja el derecho constitucional a la educación de sus hijos, que toda la estructura jerárquica de la administración educativa ha ninguneado" y ante la "negativa obcecada" de la consejera de Educación, Sonia Gaya, a aceptarlo.
El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Almería, Rafael Soriano, mantiene la investigación sobre la madre de la menor de 13 años rescatada por la Policía Nacional ante los presuntos delitos de abandono y relativo a la prostitución a partir de los indicios que figuran en el atestado policial. Por su parte, Por su parte, la Junta de Andalucía ha confirmado que la niña ya ha sido escolarizada, al igual que su hermano, en un centro educativo, después de que la madre, de nacionalidad rusa, no los hubiera escolarizado este curso.
El dictamen del Alto Tribunal andaluz estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Salvemos Mojácar y el Levante Almeriense, Ecologistas en acción-Andalucía y Greenpeace España contra el acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Carboneras, que declaró urbanizable estas parcelas a pesar de estar dentro del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. Según el juez, los terrenos han de constar como "no urbanizables".
Según la información del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), D.J.L.A., de 22 años, está siendo investigado por un delito de homicidio en grado de tentativa, lesiones, daños, delito contra la seguridad vial y atentado. Su abogado, Juan Marfil, asegura que el conductor no había bebido ni se había drogado. El joven, que carecía de antecedentes, aparcó el coche a la altura del puente del río Andarax, cercano a la Universidad de Almería, se bajó de éste y se dirigió hacia la playa introduciéndose en el agua, donde fue detenido por los agentes.
El alcalde virgitano, el popular Antonio Torres, se resiste a quedarse sin playa. Este viernes, el regidor ha presentado un recurso contra el Decreto que aprobaba la segregación de lo que hasta ahora había sido un núcleo de población.
En un escrito, el colectivo acusa al magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Rafael Toledano, de "trato descortés, e impropio de la supuesta imparcialidad que tiene que tener un juez en uso de sus atribuciones".
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