Más de 5 millones de personas se quedarán sin calefacción este invierno. Contra la política de las eléctricas y para reclamar la paralización de los cortes de luz a familias con problemas económicos, Facua, con el apoyo de organizaciones sociales, llama a la movilización ciudadana y a la participación en un apagón durante una hora, este miércoles 21 de diciembre, de siete a ocho de la tarde. Consumidores en Acción exige al Gobierno que regule una tarifa asequible a la que puedan acogerse todos los consumidores domésticos y una auténtica tarifa social para familias con bajos niveles de renta.

El nuevo reglamento comunitario, que entra en vigor este 13 de diciembre, estipula que todos los datos deberán ser presentados dentro del mismo campo visual, de manera que sean fácilmente visibles y legibles por los consumidores. El etiquetado debe incluir esta información por cada 100 gramos o mililitros.

La operadora le informó erróneamente de que ya no tendría que pagar penalización si portaba su línea. La asociación reclamó a la compañía y ésta aceptó reintegrar la cantidad facturada a la afectada.

La organización de consumidores ha reclamado que el Banco de España exija mayor transparencia a las entidades bancarias para conocer si las hipotecas están titulizadas, ya que en la actualidad los usuarios no pueden reclamar dicha información directamente y en la práctica resulta casi imposible conocer qué hipotecas están titulizadas para determinar quién posee los derechos de cobro del préstamo.

La presidenta del gobierno andaluz se comprometió hace un año a elaborar un anteproyecto de Ley sobre esta materia, pero aún sigue en punto muerto. La renta básica se concibe no sólo como una prestación económica sino que incluye también un plan de inserción.

La asociación incide en la conveniencia de que los usuarios denuncien cualquier irregularidad que detecten en relación a la falta de información sobre precios, o bien a las insuficientes condiciones higiénicas o de conservación de los alimentos en la venta ambulante ilegal a través de la policía local, autoridades de protección al consumidor municipales o autonómicas, o bien a través de asociaciones de consumidores como FACUA.