miércoles, 10 agosto 2022

Una vecina de Almería denuncia el embargo de su pensión de discapacidad por una multa a un coche vendido meses antes

9 noviembre 2018
Almería
Ayuntamiento de Almería

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La oficina del Defensor del Pueblo andaluz insta al Ayuntamiento de Almería a responder a la mayor brevedad posible a la reclamación. En su resolución asegura que la Administración local «está incumpliendo su deber legal».

Una vecina de Almería ha recurrido al Defensor del Pueblo de Andalucía por el supuesto embargo de su pensión de discapacidad a raíz de una multa de tráfico interpuesto a un vehículo que había sido de su propiedad pero que había vendido meses antes de que tuviese lugar la infracción.

Desde marzo de 2009, la reclamante necesita muletas para poder caminar, por lo que no puede conducir. Este fue el motivo por el que decidió vender su coche e hizo un contrato de compra-venta aunque, según sostuvo la afectada, el nuevo propietario no había puesto dicho automóvil a su nombre.

«En cuanto me enteré que no había procedido a cambiar el vehículo de propietario fui a la DGT de Almería para darlo de baja. Ellos me convencieron de que no era necesario, que era suficiente hacer copia del contrato y lo pondrían al nuevo titular», añade el escrito.

Una resolución dictada por la oficina del Defensor del Pueblo andaluz, dirigida por Jesús Maeztu, insta al Ayuntamiento de Almería a responder a la mayor brevedad posible a la reclamación de esta vecina, que hasta ahora no ha obtenido respuesta pese a los recursos y escritos dirigidos a la Administración local.

El origen de la queja está en la tramitación de un expediente sancionador y en el posterior embargo de la cuenta corriente en la que recibe una pensión por discapacidad.

Aunque el vehículo había sido vendido el 28 de julio de 2011, el 20 de abril de 2012 fue puesta una multa a dicho automóvil, de forma que el Ayuntamiento de Almería embargó la cuenta de esta mujer por primera vez el 10 de agosto del 2015 y desde entonces tres veces más.

Según la resolución del Defensor del Pueblo, «el Ayuntamiento está incumpliendo su deber legal y propicia que se desconozca si se han producido diversas irregularidades en el expediente de la afectada», por lo que reclama de nuevo una respuesta a esta administración.

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