La Plataforma Compromiso Social para el Progreso de Andalucía, de la que forma parte FACUA Andalucía, y la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-Andalucía) denuncian la dejadez del Gobierno Andaluz para sacar adelante un texto legislativo que garantice la regulación y puesta en marcha de un sistema de renta básica para la inclusión en Andalucía.
Ambas plataformas promovieron en noviembre de 2014 una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) sobre la renta básica, que fue avalada por más de 40.000 firmas. El 14 de julio de 2015, el Consejo de Gobierno vetó la tramitación de esta ILP al considerar que el ejecutivo andaluz ya estaba trabajando en la elaboración de un proyecto de Ley sobre la misma materia.
El rechazo a esta iniciativa ciudadana vino acompañado por el compromiso de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, de presentar un borrador del anteproyecto de Ley al Parlamento de Andalucía en el segundo semestre de 2016. Esta falta de actuación, advierten, incumple el contenido del Estatuto de Autonomía de Andalucía y deja en el aire el futuro de 280.000 familias andaluzas en situación de vulnerabilidad extrema al carecer por completo de recursos.
Así, reivindican que se retomen los trabajos realizados ya para el establecimiento de la renta básica y para ello recuerda el artículo 23 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, que determina que el sistema de bienestar público lo integran las prestaciones sociales a la que todos tienen derecho «en condiciones de igualdad», y el derecho de todos «a una renta básica que garantice unas condiciones de vida digna y a recibirla, en caso de necesidad, de los poderes públicos con arreglo a lo dispuesto en la ley».
Un año en blanco
Las organizaciones sociales señalan que desde este compromiso de Díaz no se ha avanzado nada en retomar una labor ya iniciada por un grupo de trabajo específico creado en el Parlamento en la anterior legislatura. Es más, critican que durante este periodo se ha pedido a los grupos parlamentarios en diferentes reuniones que se retomara el trabajo ya iniciado, pero más allá del respaldo a la propuesta, no ha habido ningún movimiento al respecto.
Asimismo, desde ambas plataformas también se han realizado alegaciones a la futura Ley de Servicios Sociales de Andalucía, para que esta renta quede recogida en el texto como una prestación garantizada.
Reclaman el cumplimiento del Estatuto de Autonomía de Andalucía
Las organizaciones sociales lamentan que el Gobierno se escude en que ya está trabajando en la elaboración de otro anteproyecto de ley sobre esta misma materia y ningunee de de esta manera el trabajo ya realizado por la plataforma en defensa de las familias más afectadas por la crisis. Es preocupante para la salud democrática que el Gobierno autonómico vete las iniciativas de participación ciudadana y desprecie el trabajo de cientos de personas y de las decenas de miles de andaluces y andaluzas que la apoyan.
Esta Iniciativa, señalan las organizaciones sociales, tiene por objetivo dar una respuesta a la situación de necesidad de una parte de los andaluces que se encuentran en situaciones socioeconómicas y laborales tan precarias que no cuentan con recursos económicos y patrimoniales suficientes para abordar los gastos mínimos que les garanticen una vida digna, y que no pueden acceder a un empleo que les permita vivir con dignidad.
La renta básica se concibe no sólo como una prestación económica sino que incluye también un plan de inserción que promueve la integración de quienes se encuentren en situación de exclusión social, garantizando en todos los casos la cobertura de las necesidades básicas de subsistencia de los andaluces. Es por ello que destacan que se trata por tanto de una renta económica más un plan de inserción personalizado dependiendo de las necesidades de las personas, sea vivienda, suministros básicos, sanidad, etc.
