La trata de mujeres, ya sea con fines de explotación sexual o laboral, además de una vulneración de los derechos humanos es un complejo fenómeno ligado a las desigualdades económicas Norte–Sur y a la discriminación por género existente en todas los rincones del planeta.
Así y con datos como el que sitúa en 13.500 el número de mujeres que son víctimas de esta esclavitud en un país como España, las desigualdades económicas y de género han forjado procesos de feminización de la pobreza y de las migraciones en los países de origen y una demanda de mujeres migrantes para la realización de servicios sexuales.
En Andalucía, el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) a través de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (Cear), ha elaborado un informe, pionero en la región, sobre el perfil de la mujer extranjera sometida a la prostitución forzada en Andalucía. Bajo el título, Las mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual en Andalucía, el informe aporta no sólo datos estadísticos cuantitativos y cualitativos, sino también propuestas de intervención para profesionales que trabajen en este ámbito.
El entorno familiar, foco del negocio
En su proceso de elaboración se han realizado entrevistas a 150 mujeres víctimas de explotación, que desvelan que la principal forma de captación se encuentra en el propio entorno familiar de las entrevistadas. El 65% de las mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual en Andalucía han sido captadas por las redes mafiosas a través de amigos, familiares o conocidos en sus países de origen.
El trabajo revela que el 77% de las mujeres que han contado su experiencia, ha sido víctima de agresiones sexuales por parte de la pareja, familiares o grupos armados, una situación que las hace especialmente vulnerables a las redes de trata, que rentabilizan este rechazo familiar y social, por el mismo hecho de haber sido violadas, y su deseo de huir de dicha exclusión.
Huir o morir
Son tres los principales motivos que impulsan a las mujeres a salir de sus países: necesidad económica (55%); situaciones familiares que van desde el rechazo por haber sido violadas hasta el cuidado de menores (22%); y los conflictos bélicos (23%).
El perfil de la víctima es el de una mujer joven como demuestra el hecho de que el 62% de las encuestadas tengan entre 26 y 35 años, con predominio de las menores de 30. Su nivel educativo o formativo es bajo, ya que el 58% no tiene estudios o sólo primarios y el 23% estudios secundarios; y en cuanto a las cargas familiares, el 57% admite tener alguna responsabilidad familiar y el 68% cuenta con hijos propios.
Esclavas de una deuda
Por zona de procedencia, el 36% de las víctimas de trata proviene de Europa del Este, seguido por un 32% de Latinoamérica -sobre todo Brasil- y el 32% de África Subsahariana.
Según la procedencia, varían los medios utilizados por las mafias para hacer llegar a las mujeres: desde Europa del Este, las redes utilizan transporte terrestre -autocar, furgoneta o tren-; desde Latinoamérica, las mujeres toman un avión después de adquirir una deuda de 15.000 a 20.000 euros con un prestamista; y desde África en autobús o patera, con una deuda adquirida de 20.000 a 40.000 euros. Por situación administrativa y jurídica, el 75% se encuentra en situación irregular o con documentos falsos y el 81% tiene orden de expulsión en España.
Control de las mafias
Las redes utilizan distintos mecanismos de vigilancia y poder. Las mujeres están sometidas a un control estrecho a través de amenazas y violencia física en los clubes así como por parte de las mujeres de confianza de la red.
Los lugares donde son forzadas a prostituirse son, en un 53% de los casos, los clubes, seguido de pisos, con un 31% y en la calle un 16%. Aunque el 69% de las entrevistadas admite haber recibido atención sanitaria, las mujeres no acceden a los recursos sociales y, si lo hacen, es a través de ONGs, por la confidencialidad que éstas les proporcionan.
El 48% de las víctimas reside en zonas rurales, cerca de explotaciones agrarias –sobre todo en Almería y Huelva– y el 52% restante se encuentra repartido entre zonas suburbanas y urbanas.
Un futuro con papeles
En mayor o menor medida, con más o menos matices, las mujeres entrevistadas consideran que la prostitución no constituye una actividad económica deseable. En todo caso, puede ser una alternativa, una salida posible ante la falta de oportunidades, una forma de ganar dinero cuando lo que se ofrece en el mercado laboral roza la esclavitud. Asimismo, todas han pasado por el duro trance de la explotación sexual. Como consecuencia, no hay ninguna que recomiende a otra mujer seguir sus mismos pasos.
Las expectativas de futuro de las víctimas varían según el país de procedencia. Así, las mujeres procedentes de Europa del Este, donde predominan los estudios superiores, aspiran a convalidar o terminar sus estudios y lograr un puesto de trabajo a medio plazo; las de Latinoamérica, que tienen -por norma general- menos formación pero la ventaja de conocer el idioma, también manifiestan su deseo de trabajar, una vez salden la deuda y regulen su situación, en sectores como la hostelería y el servicio doméstico. Las mujeres procedentes de África, con menor formación y la barrera del idioma, presentan más vulnerabilidad y sólo aspiran a corto medio plazo a poner sus papeles en regla.
Propuestas de intervención
El estudio aporta algunas medidas para cambiar el espectro actual, como la necesidad de una actuación informativa inmediata en puntos de entrada masiva como Ceuta y Melilla desde donde dificultar y poner trabas al contacto de la víctima con la red en España. También se precisa de un trabajo de concienciación desde el primer momento porque el 89% de las víctimas no se reconoce como tal, a pesar de que todas coinciden en que su primer objetivo es el de de salir de la prostitución.
El estudio recomienda, en el ámbito jurídico, fomentar la decisión de denunciar, articular medidas que garanticen el período de reflexión, elaborar una Ley Integral de víctimas de trata, agilizar la coordinación entre autoridades, formar a las personas profesionales, elaborar protocolos más ágiles, crear unidades especializadas que den información inmediata a las víctimas, crear turnos de abogados especializados para la atención a las víctimas en todas las provincias .
Desde el punto de vista social, el estudio apuesta por reforzar recursos de acogida, coordinar mejor los recursos para evitar peregrinaciones a las mujeres, cubrir con ayudas los costes de alojamiento y alimentación, etc. A ello se suma la necesidad, en el ámbito sanitario, de reforzar una atención especial a un colectivo que sufre enfermedades como el VIH, consecuencia de la explotación.
