A propósito de la huelga indefinida de los letrados de la Administración de Justicia, la secretaria coordinadora provincial de Almería, María José Cañizares, habla para Almería 360 acerca de los motivos y sobre las consecuencias de las jornadas de paro en la actividad judicial.
El día 24 de enero se convocó una huelga indefinida por parte de los letrados de la Administración de Justicia ¿Cuáles son los motivos que han llevado a la convocatoria de la misma?
Tras la reforma legislativa que se produjo en el año 2009, el Cuerpo Superior Jurídico de Letrados de la Administración de Justicia vio aumentadas sus funciones. En esa época, muchas de las funciones que correspondían a los jueces y los magistrados pasaron a ser desempeñadas por los letrados de la Administración de Justicia (en adelante LAJ), que dada la crisis económica existente, asumieron las nuevas funciones sin contraprestación económica y con la promesa de que, en un futuro, se produciría la adecuación salarial prometida. Trece años después no se ha producido.
Con anterioridad a esta huelga, hubo paros parciales de su colectivo, ¿por qué no continuaron?
Los Presupuestos Generales del Estado del año 2021 contenían la adecuación salarial de los letrados de la Administración de Justicia, quienes al no verse materializada, protagonizaron paros parciales de la actividad en enero y febrero de 2022. En abril de 2022 se desconvocaron las movilizaciones tras arrancar el compromiso al Ministerio de Justicia de una adecuación salarial mediante la reordenación del complemento de destino, equiparándolo a los médicos forenses (otro grupo A1 de la Administración de Justicia), así como una cláusula de enganche al 85% de la carrera judicial.
¿Qué seguimiento está teniendo la huelga en la provincia de Almería y que efectos está teniendo?
En la provincia de Almería se encuentran en huelga entre el 70 y 75 % de los LAJ. Desde el 24 de enero, fecha del inicio de la huelga, hasta el 10 de febrero se han suspendido 758 juicios suspendidos y 714 actuaciones judiciales. Lo que suman un total de 1.452 actuaciones.
Estos datos son sólo de las actuaciones y juicios presenciales que se han suspendido, pero es que todas las demandas se encuentran paralizadas, su admisión –responsabilidad del letrado– también; y el reparto se ha detenido. El dinero no se está entregando, ni las indemnizaciones ni las pensiones, al corresponder la gestión de la cuenta de los juzgados a los LAJ. Esto supone un grave perjuicio para el ciudadano y los operadores jurídicos. Circunstancia que lamentamos profundamente, pero se deriva del derecho a la huelga que estamos ejerciendo.
¿Hay perspectivas de solución?
Esta prevista para el día 16 de febrero una primera reunión entre el Ministerio de Justicia y el comité de huelga, tras 4 semanas de huelga. En este tiempo se han ofrecido varios mediadores pero no han sido aceptados por el Ministerio. Esperemos que sean fructiferas, porque nuestra voluntad es solucionar el conflicto.
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