El Gobierno andaluz va a destinar más de 15,7 millones para contratar 220 plazas residenciales en Almería para menores que se encuentren bajo la protección de la Administración de la Junta de Andalucía.
Por un lado, y debido a la cuantía, el Consejo de Gobierno ha aprobado el acuerdo por el que se autoriza el expediente de gasto derivado de la contratación, por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, de 181 plazas de acogimiento residencial, por importe de más de 13 millones de euros (13.060.192,20 euros).
Estas plazas comprenden diferentes tipos de programas o modalidades a desarrollar en los centros residenciales que acojan a los menores, como son acogimiento residencial básico, adaptado para discapacidad, conflicto social e intervención en problemas de conducta.
Mediante este acuerdo, el Gobierno de Andalucía continúa con el proceso de actualización, adaptación y homogeneización de los actuales documentos jurídicos suscritos para la prestación del acogimiento residencial a menores, pasando a la modalidad de contrato administrativo especial, mediante la figura del concierto social.
Este nuevo contrato propone que las plazas se distribuyan en 8 zonas de la provincia de Almería divididas en 17 lotes. Con respecto al programa de atención residencial básica, se distribuyen 62 plazas para Almería capital, 16 para Roquetas de Mar, 16 para Vera y municipios limítrofes, 10 para Serón y municipios limítrofes, 15 plazas para Chirivel y municipios limítrofes y 24 para Instinción y municipios limítrofes.
Con respecto al programa de menores con discapacidad, 10 plazas se distribuirán a Albox y municipios limítrofes mientras que en lo relativo a menores en conflicto social, 8 plazas estarán en Vera y municipios limítrofes y otras 8 en Vícar, municipio en el que se distribuirán también 12 plazas para menores con trastornos de conducta. El plazo de ejecución es de 2 años, prorrogable hasta un máximo de 24 meses.
Además de estas plazas (aunque no ha sido objeto de aprobación del Consejo de Gobierno por ser de menor importe), se han licitado también dos lotes de Atención Residencial Básico por un total de 26 plazas y otro de Acogida Inicial de 13 plazas en la modalidad de concesión, al ser un edificio de titularidad de la Junta.
Apuesta por el concierto social
Esta nueva modalidad de gestión de centros a través del concierto social supone la prestación de servicios sociales de responsabilidad pública a través de entidades cuya financiación, acceso y control sean públicos, y en el que se dará prioridad a las entidades de iniciativa social que cumplan con las condiciones establecidas en la Ley de Servicios Sociales.
A través del concierto social, al incluir obligatoriamente las cláusulas sociales, la Administración andaluza impulsa las oportunidades en el empleo, el trabajo digno, el cumplimiento de los derechos sociales y laborales establecidos en la normativa y los convenios colectivos, la inclusión social, la igualdad de oportunidades y de género, la accesibilidad universal y diseño para todas las personas, la responsabilidad social de las entidades concertantes y el respeto al medio ambiente y al ciclo de vida.
El concierto social permitirá dotar de mayor calidad, estabilidad y continuidad al conjunto de servicios sociales que prestan las entidades.
Red de centros andaluza
La red de centros de protección de Andalucía presta el servicio de acogimiento residencial de menores que se encuentran bajo atención inmediata, guarda o tutela del Gobierno de Andalucía. Responde a un modelo de atención donde prevalece el interés superior del menor. Los centros de protección garantizan la calidad técnica y la calidez de la atención y actuación profesional y disponen de una dinámica de funcionamiento basada en el modelo de convivencia de la familia, donde se garantice el cumplimiento de sus derechos, la satisfacción de las necesidades infantiles y su pleno desarrollo personal.
Asimismo, ofrecen una respuesta adaptada a los cambios sociales, dada la diversidad de procedencias culturales de los menores acogidos y el importante porcentaje de jóvenes próximos a la mayoría de edad, que requieren el establecimiento de acciones para la incorporación a la vida independiente y su inserción social y familiar.
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