Souad, Brahim y sus dos hijas de dos y siete años, residentes en una vivienda de la barriada de El Puche, en Almería capital, finalmente han tenido que abandonar su domicilio en el número 6 de la calle Antonio Mairena, una vivienda propiedad de la Junta de Andalucía, tras ejecutarse una orden de desahucio dictada por un Juzgado. Pese a la presión social en favor de la familia y en contra de su desalojo, a primera hora de este lunes, matrimonio y niñas han tenido que abandonar el inmueble.
La Junta de Andalucía asegura haber actuado cumpliendo la legalidad al proceder a recuperar esta vivienda de El Puche, «que mantenía ocupada ilegalmente una familia a la que se abrió expediente de desahucio», explica la Delegación de Fomento en una nota, en la que informa de que «los ocupantes de dicho inmueble han sido desalojados a primera hora del día de este lunes, en una actuación sin incidentes, en ejecución de una orden dictada por el Juzgado».
Titularidad de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, la vivienda –según explica la Junta de Andalucía– fue vendida ilegalmente en septiembre de 2015 por quien era su legítimo adjudicatario a la familia que ahora ha sido desalojada, pese a que ambas partes conocían la prohibición expresa de transmitir el inmueble. El titular adjudicatario ha sido denunciado por AVRA en el Juzgado y ante la Fiscalía.
Pese a disponer de esa información, la familia afectada no acudió en ningún momento a AVRA para solicitar información previa a la compra de la vivienda. La agencia, nada más conocer tal circunstancia en el proceso de verificación de las viviendas de su parque residencial, puso en marcha el correspondiente expediente para la recuperación del inmueble.
En el proceso de tramitación, según explica la nota, Souad y su familia, además de no ser usuarios de Servicios Sociales, no han interpuesto en ningún momento recurso alguno contra dicho expediente, que se inició y se ha desarrollado, hasta finalizar con el desalojo de la familia».
La vivienda recuperada será entregada a una familia cuyo perfil se adapte a las características del inmueble y que tras haber sido baremada, se encuentre en situación de vulnerabilidad y necesidad extrema de vivienda.
La Agencia de Vivienda y Rehabilitación tiene en marcha decenas de expedientes por ocupación irregular de viviendas en El Puche, abiertos a partir del trabajo de verificación que se realiza en el barrio, y que permite detectar los inmuebles que están ocupados por familias no adjudicatarias. De esos expedientes, una veintena está ya resuelto y habrán de ser ejecutados en las próximas semanas. La mayoría de esos expedientes afecta a familias inmigrantes que han ocupado las viviendas sin ningún tipo de autorización por parte de AVRA, titular de dichos inmuebles.
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