Este miércoles comienza el proceso de escolarización y las familias tendrán que solicitar plaza en los colegios e institutos andaluces a lo largo de todo el mes de marzo. Como viene ocurriendo en los últimos años, los centros educativos públicos se enfrentan a la escolarización con una oferta de plazas a la baja y un recorte de clases a priori. La red de centros públicos perderá el próximo curso más de 300 clases, según los datos recabados por USTEA.
El pasado 31 de enero, la Consejería de Educación informó a los equipos directivos de los colegios públicos andaluces de la oferta inicial de plazas para el proceso de escolarización que arranca hoy. Esta oferta inicial se basa en una planificación a la baja, es decir el menor número de clases posible en cada centro y la ratio máxima permitida por la normativa en cada grupo: 25 en Primaria, 30 en Secundaria y 35 en Bachillerato. El resultado es un significativo recorte de clases públicas, antes incluso de que comience la escolarización.
Con el recorte en la oferta de plazas autorizadas por la Consejería, el curso que viene la red de centros públicos volverá a perder decenas clases, más de 300 según los datos que ha podido recabar USTEA por sus propios medios, ante la opacidad y falta de información por parte de la administración educativa. Este recorte de 300 clases, se suma a las 1.457 clases suprimidas en la pasada legislatura, con lo que el recorte de aulas en la Educación Pública andaluza, desde la llegada al poder de Moreno Bonilla, se acercaría a las 2.000. Las supresiones de clases públicas afectan a todas las provincias andaluzas y entre las localidades que sufrirán el recorte, además de las capitales, destacan Jerez de la Frontera, Priego de Córdoba, Puente Genil, Cartaya, Lepe, Andújar, Linares, Alhaurín de la Torre, Marbella, Ronda, Alcalá de Guadaira, Dos Hermanas o Morón de la Frontera.
Los responsables de la Consejería han destacado, en sus declaraciones públicas de los últimos días, el incremento de la oferta de nuevo ingreso en Infantil que este año será de 91.150 plazas, cifra algo mayor que la de los últimos años, pero muy inferior a las 20.725 plazas ofertadas en marzo de 2019. El argumento esgrimido por los responsables de la Consejería para la eliminación de clases en la red de centros públicos es el descenso de la natalidad, aunque no se explica que este mismo fenómeno no afecte a los centros privados concertados que mantienen su oferta blindada e intacta desde hace años. Mientras en 2019 el 81% de las plazas de Infantil ofertadas eran de centros públicos, frente al 19% de plazas concertadas, este año la oferta de plazas públicas representa el 79´29% del total, mientras que los centros concertadas acaparan el 20´70% de la oferta. Así, desde la llegada al poder de Moreno Bonilla, la Educación Pública ha perdido casi dos puntos, frente al avance de la enseñanza concertada.
El recorte de la oferta de plazas públicas a priori, antes incluso de que comience el proceso de escolarización, provoca un efecto disuasorio en las familias que, ante el temor de no obtener plaza en el centro deseado, opta por solicitar la matriculación en otros no afectados por las supresiones. En los últimos 4 años, la mayor parte de las supresiones han sido de clases de Infantil de 3 años, lo que paulatinamente se traduce en la eliminación de grupos de cursos superiores, a medida que el alumnado va superando etapas. Así, las supresiones anteriores se reflejan ahora en la eliminación de clases de Infantil de 4 y 5 años y de los primeros cursos de Educación Primaria; incluso han empezado a ser significativas las supresiones en la ESO.
USTEA también ha detectado que las supresiones masivas están provocando la proliferación de “aulas mixtas”, en las que convive alumnado de distintas edades, tanto en Infantil, como en Primaria, lo que convierte a estos colegios en poco apetecibles para las familias y conlleva la amenaza real de desaparición de centros completos a medio plazo. Este fenómeno empuja a las familias a otros centros de su zona de escolarización en las ciudades o incluso fuera de ella, pero la amenaza es aún mayor en el mundo rural, pues supone un deterioro de la calidad de la enseñanza que afecta, precisamente, a las zonas más castigadas de la Andalucía vaciada.
Para USTEA, el cierre de clases públicas es una apuesta política de la Consejería por un determinado modelo de educación que supone la extensión de los conciertos educativos que ganan progresivamente terreno en Andalucía. Frente a este modelo, USTEA reclama la recuperación de las unidades escolares suprimidas y una bajada de ratio, como alternativa al recorte de la red pública andaluza. Una vez que la ILP para la bajada de ratios, impulsada por USTEA, fue rechazada por la mayoría absoluta del PP en el Parlamento, el sindicato sigue trabajando en esta línea, junto al resto de colectivos que impulsaron la iniciativa, ahora en la Campaña Bajada de Ratios que estos días denuncia las supresiones y recortes en la Educación Pública.
La supresión de unidades escolares públicas ya ha provocado las primeras protestas de docentes, familias y estudiantes, impulsadas por la Campaña Bajada de Ratios. La semana pasada se sucedieron las mesas de recogida de firmas a las puestas de colegios afectados y están previstas asambleas en barrios y pueblos, para la puesta en marcha de nuevas acciones y movilizaciones.
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