En el comunicado difundido tras el acuerdo de la comisión gestora del Colegio de Periodistas de Andalucía, al que se une la Federación Andaluza de Asociaciones de Periodistas (FAAP), y a la que a su vez pertenece la Asociación de Periodistas de Almería (AP-APAL), se es extremadamente claro. Se explican los entresijos y los verdaderos motivos de la reducción drástica de programación local en las grandes cadenas, que además han anunciado una nueva temporada con una gran reducción de su producción regional.
En el documento se pide a la Consejería de Presidencia e Igualdad de la Junta de Andalucía, «que exija de inmediato a todas las cadenas de radio y a propietarios de emisoras particulares a las que tiene concedidas licencias, que cumplan lo establecido en la adjudicación de las mismas y que, de no hacerlo, proceda a la retirada de las citadas licencias». Esta es una sola parte de un texto que se incluye a continuación y que comienza con la situación de los profesionales de la radiodifusión en la comunidad autónoma.
Las principales cadenas de radio privadas españolas, aprovechando la actual situación económica y aplicando criterios exclusivamente mercantilistas y nunca profesionales, han decidido que sus programaciones provincial y local prácticamente desaparezcan y que la regional sufra recortes muy importantes, según las programaciones para la próxima temporada que han dado a conocer.
Esta decisión, que obviamente solo responde a una estrategia de reducir gastos, conlleva el despido, la reducción de salarios, la pérdida de derechos laborales y la no contratación de numerosos profesionales que desarrollan su trabajo en las emisoras provinciales y locales de las citadas cadenas de radio. También supone la pérdida de la información más cercana, algo que repercute directamente en la ciudadanía.
En Andalucía, desde un punto de visto legal, esta reducción de la programación provincial y local incumple por completo el pliego de condiciones administrativas de la adjudicación de licencias de emisoras de radio por parte de la Junta de Andalucía, que fija un mínimo de horas obligatorio para esta programación.
Por ello, solicitamos públicamente a la Consejería de Presidencia e Igualdad de la Junta de Andalucía, a la que corresponde esta competencia, que exija de inmediato a todas las cadenas de radio y a propietarios de emisoras particulares a las que tiene concedidas licencias que cumplan lo establecido en la adjudicación de las mismas y que, de no hacerlo, proceda a la retirada de las citadas licencias.
De llegarse a este extremo, pedimos que las licencias salgan a un nuevo concurso público para que los trabajadores de esas emisoras puedan optar a ellas, creando así empresas propias y empleos con criterios exclusivamente profesionales.
