El Defensor del Pueblo andaluz ha hecho llegar a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Almería la necesidad de que se coordinen para suspender el desalojo de una familia que se encuentra en situación de riesgo social que reside desde hace cinco años sin título habilitante en una vivienda pública gestionada por la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), hasta que se le ofrezca una alternativa habitacional.
La orden de lanzamiento de esta mujer con cinco hijos, dos de ellos menores de edad, y orden de alejamiento del progenitor, está prevista para el 17 de febrero después que haya sido autorizada la entrada en el domicilio por el Juzgado de lo Contencioso- administrativo 2 de Almería, a petición de la agencia pública.
La oficina que dirige Jesús Maeztu recuerda a ambas administraciones que deben dar inmediato y debido cumplimiento a la normativa que da amparo a esta familia y garantizar que no se produce el desalojo hasta encontrar alternativa habitacional, al tiempo que remarca que en un informe de la Delegación de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana del Ayuntamiento capitalino se valoró que esta familia se encontraba en situación de vulnerabilidad.
La familia, actualmente en situación precaria, residía en la vivienda de AVRA desde hacía cinco años después de haber pagado 8.000 euros a la adjudicataria en una supuesta compraventa de la casa a través de un contrato privado.
Al padre, que no residía en la vivienda, le fue impuesta una orden de alejamiento de su pareja.
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