La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha exigido en rueda de prensa, con motivo del Día de los Derechos Humanos, un compromiso formal del Gobierno andaluz con la situación de pobreza que padece Andalucía y cuyas dimensiones son descomunales, 40 años después de las manifestaciones por la autonomía que intentaron poner fin a las desigualdades.
La pobreza y la exclusión marcan el día a día de dos de cada cinco andaluces (el 41,7% de la población), según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). La organización lamenta que detrás de los números, un total de 3,5 millones de personas en Andalucía malviven, ajenas a una supuesta recuperación económica, exhibida por el Gobierno central y autonómico, que ni siquiera atisba la mayor parte de la población. Al contrario, la pobreza y la exclusión social se mantienen y en algunos casos se acrecienta.
La APDHA denuncia las apabullantes cifras de una pobreza que se encuentra “cercana, palpable, y a pie de calle”. Esta realidad se traduce en serios problemas de la población para llenar la nevera, pagar las facturas de la luz o el agua, hacer frente a la hipoteca o a la mensualidad del alquiler, en el peor de los casos, a encontrarse sin hogar. “Es prioritario y urgente cubrir las necesidades básicas de la población en situación más vulnerable”, sentencia la asociación.
La organización se cuestiona de qué recuperación económica habla el Gobierno autonómico cuando un 52,8% de los andaluces no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos y un 78,1% tiene dificultades para llegar a fin de mes, a tenor de los datos del INEy de la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza (EAPN-A).
Una de las raíces de la pobreza en Andalucía, a juicio de la APDHA, se encuentra en el acuciante desempleo. A pesar de que los datos son alarmantes -uno de cada cuatro parados en España es andaluz según los últimos datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)- es relevante no porque el desempleo en sí mismo defina la pobreza, destacan, sino porque el empleo remunerado no es una garantía para dejar de ser pobre. Y en esto juega un papel fundamental el creciente fenómeno de la población trabajadora empobrecida, explican, que aunque realice una labor remunerada, ello no les permite el acceso a una vida digna.
Muestra de la nefasta calidad del empleo creado, apunta la APDHA, es que de los más de 400.000 empleos creados en noviembre en Andalucía, solo 17.000 fueron indefinidos. Un panorama laboral azotado por la feminización del desempleo, y es que el 58% de las personas desempleadas en Andalucía son mujeres, según los datos de noviembre del SEPE.
Otro de los ejes que marcan la silueta de la pobreza en Andalucía es la emergencia habitacional que padece la comunidad. La organización observa como “irracional e inhumana” la coexistencia de miles de viviendas vacías y miles de familias sin derecho a ellas. Así, los datos del Consejo General del Poder Judicial indican que los desahucios no solo no han descendido sino que se han incrementado en Andalucía, pasando de 26,2 diarios de media en 2016 a 30,6 en el primer semestre de 2017, según datos del Consejo General del Poder Judicial.
Estos desahucios han sido promovidos por bancos y financieras, pero también por la Agencia pública de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) y por muchos Ayuntamientos con parque propio de viviendas. “La Junta de Andalucía y los ayuntamientos no deberían desahuciar en ningún caso a familias de una vivienda pública sin agotar la vía del diálogo y la negociación, sin ofrecer alternativas reales y recurriendo a la vía penal”, provocando la criminalización de la población más vulnerable. Además, la falta de alternativas habitacionales está abocando a miles de familias, provenientes mayoritariamente de la clase media y obrera empobrecida, a la ocupación de una vivienda como única solución. Por el contrario, plantean la construcción de nuevas viviendas sociales, evitando la creación de guetos.
Es por ello que la APDHA, pide la paralización de los desahucios de primeras viviendas y de los cortes de suministros básicos (luz y agua) y, urgentemente, recursos eficaces y suficientes para las personas sin hogar que “de manera vergonzante para la Junta de Andalucía, viven y duermen en la calle”. Además, propone la creación de un plan participativo multidisciplinar para la erradicación del chabolismo, terreno en el que poco o nada se ha avanzado, abordando también la dramática situación de los campamentos donde viven cientos de personas migrantes en las zonas agrícolas, en los que se hace patente “la inexistencia de planes y la ineficacia y dejadez de administraciones públicas y empresarios agrícolas”.
De otro lado, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía denuncia el creciente deterioro de los Servicios Sociales, y la reducción de personal, sujeto a contratos cortos que provocan una continua rotación de los trabajadores sociales. Esta rotación permanente trae consigo retrasos incluso en las ayudas de emergencia. Por ello, consideran, es de vital importancia el incremento de las plantillas y de los presupuestos destinados a gasto social, que permita dar respuesta a la creciente demanda y el acceso a unos estándares de vida digna.
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