La Asociación de Amigos del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar ha decidido pedir la mediación judicial para evitar que el Cortijo del Fraile, ante la pasividad de las administraciones, siga deteriorándose.
Así, el colectivo, que trasladará esta cuestión a la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, se ha dirigido al Juzgado de lo Contencioso-administrativo 1 de Almería que éste sea el que comunique al Ayuntamiento de Níjar la necesidad de instar a la empresa propietaria del Cortijo del Fraile, para que tome medidas antes de la destrucción definitiva de este Bien de Interés Cultural (BIC).
Agotada la vía administrativa ante el Ayuntamiento de Níjar, Amigos del Parque ha decidido interponer un recurso de inactividad administrativa contra el Consistorio en materia de disciplina urbanística, ya que, aseguran, «nunca se obtuvo respuesta del Ayuntamiento».
De ahí que se haya solicitado ante el juez la adopción de medidas cautelares, por lo que se ha pedido que el Ayuntamiento tome todas las medidas provisionales necesarias para garantizar la estabilidad y valores históricos del Cortijo del Fraile, a cuyos propietarios la Junta de Andalucía ya ha abierto un expediente sancionador.
No obstante, sobre este trámite, los Amigos del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar señalan que, al tratar de acceder a este expediente aún en fase de alegaciones, solo ha recibido «trabas administrativas» por lo que sospechan que la Junta «no está adoptando todas las medidas establecidas en la ley para conseguir que los propietarios cumplan con sus obligaciones», según añaden en una nota. Ante esta negativa, plantean la posibilidad de acudir al Defensor del Pueblo andaluz.
Valores históricos
Amigos del Parque estiman que el Cortijo del Fraile tienes unos valores históricos y sentimentales «sin precedentes», al ser uno de los escenarios de las ‘Bodas de Sangre’, de la obra de Federico García Lorca, pese a lo que se encuentra en «un estado de abandono total y expolio deplorable». Por esto, consideran que estos hechos «son contrarios a la normativa urbanística y protección del patrimonio histórico que establecen expresamente las obligaciones y competencias que deben cumplir tanto propietarios como administraciones».
