Protesta contra los desahucios en la calle
FACUA-Consumidores en Acción denuncia que sigue incrementándose el número de desalojos en España. En el primer trimestre del año, el número de desahucios practicados en el país ha sido de 17.055 (más de 189 cada día), lo que supone un aumento del 2,2% en tasa interanual y la primera subida tras siete trimestres ininterrumpidos de descensos.
Según publica en su web Facua-Consumidores en Acción, este incremento obedece al aumento de los desahucios de inquilinos y no de propietarios, derivados de la aplicación de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), que alcanzaron los 9.612 (56,4% del total) y subieron un 5,8% respecto al primer trimestre de 2016. Sin embargo, el número de ejecuciones hipotecarias presentadas en el primer trimestre del año fue un 26,2% menos que en el mismo periodo del año anterior.
Los lanzamientos registrados en el primer trimestre del año afectan a distintos tipos de inmuebles, no sólo viviendas y, en el caso de éstas, no sólo a la vivienda habitual. Por comunidades autónomas, Catalunya es donde se practicaron más desahucios (3.728, el 21,9% del total), y a ésta le siguen Andalucía (2.927), la Comunidad Valenciana (2.358) y Madrid (1.843). Sólo estas cuatro comunidades concentraron el 63,7% de todos los lanzamientos practicados en España en el periodo mencionado.
Teniendo en cuenta únicamente los desahucios derivados de la aplicación de la LAU, Cataluña continúa al frente en este ránking, con un total de 2.422. Después van Madrid (1.346), Andalucía (1.262) y la Comunidad Valenciana (1.117). El orden cambia en relación con los desahucios realizado por ejecuciones hipotecarias, en los que Andalucía ocupa la primera posición, con 1.515, y tras ella van Valencia (1.165), y Cataluña (1.118).
Facua reclama un parque de viviendas públicas de alquiler que permita alojar a las personas con menos ingresos y denuncia que el mercado privado de alquileres es insuficiente, además de altamente especulativo.
La asociación recuerda que en su día se opuso a la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), porque el argumento de “agilizar los desahucios a morosos” no era más que una cortina de humo con la que el Gobierno pretendía recortar derechos a los usuarios. La asociación consideraba entonces y aún hoy que no se puede tratar del mismo modo a un “moroso profesional” que a quien, por tener recursos limitados, no puede hacer frente a una subida de la renta arbitraria.
FACUA entendía que la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos beneficiaba a los arrendadores, que podrían deshacerse con facilidad de los inquilinos para alquilar los inmuebles a precios más elevados. La asociación se pregunta si tras el aumento de los desahucios a arrendatarios registrado en el primer trimestre del año no se encuentra el afán especulativo de los arrendadores, amparados en una ley injusta con los más débiles.
La asociación insiste en que la Admininstración pública debe adoptar medidas orientadas a luchar contra la desocupación e infrautilización injustificada de los inmuebles, muchos de los cuales se encuentran en manos de los bancos, para favorecer su puesta a disposición de las personas y colectivos con menos recursos, y exige también medidas para facilitar el realojo efectivo e inmediato de las personas desahuciadas de sus hogares.
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