La nueva ordenanza de la zona azul de la capital almeriense, con ampliación de las restricciones de estacionamiento a nuevas vías y zonas de la ciudad, supone para la Unión de Consumidores de Almería (UCA/UCE) el endurecimiento del servicio y más perjuicios para los residentes en la capital. Lo que el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de la capital defiende como una medida para facilitar el aparcamiento en la vía pública, UCA lo considera una estrategia para que el ciudadano no aparque su vehículo en la calle sino en alguna de las numerosas plazas de aparcamiento subterráneo de la empresa municipal Emisa, actualmente casi fuera de uso debido a sus elevadas tarifas.
“Después de la subida de precios aplicada a principios de año –señala la UCE- ahora el ORA se hace efectivo en más calles, y no precisamente céntricas, amplía su horario y obliga a los usuarios, agotadas las dos horas máximas de estacionamiento, a retirar el vehículo de la plaza ocupada y cambiarlo no ya de sitio o de calle, sino de zona.”
La Unión de Consumidores cree que la ampliación del servicio de zona azul a nuevas zonas de la capital, como Nueva Andalucía, y el endurecimiento de las limitaciones y de las tarifas, no tienen más finalidad que la de recaudar más dinero de los contribuyentes.
Sin alternativas
La organización, desde donde se defiende y fomenta el uso del transporte público, acusa la falta de un estudio previo de movilidad, la puesta en marcha de aparcamientos disuasorios en el extrarradio y el servicio de autobuses lanzadera que conecten con el centro de la capital.
La zona azul en el Casco Histórico, a juicio de UCA, es un castigo para los vecinos por ser el ORA la única alternativa de que disponen en la actualidad, ya que el aparcamiento de la Plaza Marín, en fase de construcción, no estará en servicio hasta dentro de un año por lo menos.
Finalmente, la UCA critica el hecho de que para tramitar una plaza para residentes, se exija a los solicitantes un certificado que pruebe la inexistencia de deuda de tasas e impuestos municipales que cuesta 12 €, una información de la que ya dispone la administración municipal.
