FACUA Andalucía califica como muy grave que el Gobierno andaluz contemple la posibilidad de que las empresas sanitarias privadas puedan hacer uso de instalaciones públicas, según se recoge en el proyecto de Orden por el que se actualiza y desarrolla el sistema de presupuestación y tarificación de convenios o conciertos para la prestación de asistencia sanitaria en centros concertados por el Servicio Andaluz de Salud (SAS).
En el borrador de este documento, concretamente en la disposición adicional segunda, se incluye que la Consejería de Salud podrá «determinar las tarifas para la realización de procedimientos quirúrgicos y diagnósticos en instalaciones propias de la Administración, haciendo constar las razones objetivas que lo motivan».
La federación manifiesta su preocupación ante el hecho de que por parte del organismo andaluz de salud cada vez más se tiende a suplir con entidades privadas la atención que debe prestar a los ciudadanos a través de convenios y conciertos, lo que supone una privatización encubierta de la sanidad pública y una pérdida de calidad en la atención.
La normativa permite la colaboración de sujetos privados en la prestación del servicio sanitario público por medio del concierto y los convenios de vinculación, aunque esta situación no se podría calificar ya como una mera colaboración.
FACUA Andalucía ya presentó alegaciones en agosto
FACUA Andalucía ya se dirigió el pasado mes de agosto a la Consejería de Salud para presentar aportaciones al proyecto de Orden por el que se actualiza y desarrolla el sistema de presupuestación y tarificación de convenios o conciertos para la prestación de asistencia sanitaria en centros concertados por el Servicio Andaluz de Salud (SAS).
La federación ya criticó en su día que esta norma no se acompañase de memoria económica alguna con los contenidos suficientes como para poder comprobar lo que se ha abonado en los convenios suscritos por el SAS con las distintas entidades privadas hasta la fecha.
Tampoco incluía una previsión de futuro de la variación que supondrá esta nueva forma de tarificación para así poder comprobar si va a suponer un ahorro para la economía andaluza.
La federación entiende que deberían destinarse más medios económicos a la sanidad de ámbito público, para que desde la misma se pudieran llevar a cabo todas las pruebas e intervenciones que se están derivando a la privada dentro de los plazos de calidad asistencial establecidos, apostando por una atención pública dotada de medios humanos y materiales suficientes.
Bajo el criterio de FACUA Andalucía, este comportamiento es muestra de la clara apuesta del gobierno andaluz por la sanidad privada, en detrimento de la pública, y responde a un intento de beneficiar a empresas del sector de la salud.
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