La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ha destinado más de 1,1 millones de euros (1.129.112 euros) a la Diputación de Almería y los ayuntamientos de municipios de más de 20.000 habitantes para la financiación de los equipos de tratamiento a familias con menores en situación de riesgo o desprotección.
Esta cuantía cubrirá el periodo comprendido entre el 1 de mayo de 2021 y el 30 de abril de 2022, según establece la Orden que ha publica el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) el pasado 12 de febrero y que se puede consultar en https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/29/BOJA21-029-00003-2109-01_00186038.pdf
En el caso de Almería, las ayudas se reparten entre la Diputación provincial (444.030 euros); y los ayuntamientos de Almería (177.612 euros), Adra (88.806 euros), El Ejido (120.526 euros) Níjar (88.806 euros), Roquetas de Mar (120.526 euros) y Vícar (88.806 euros). Y beneficiarán a unas 455 familias y 899 menores.
Este programa, dotado con 13.720.602 euros, tiene como objetivo proporcionar a las familias con menores en situación de riesgo o desprotección, un tratamiento específico e integrador que permita la adquisición de pautas rehabilitadoras que compensen la situación que pueda afectar directa o indirectamente al bienestar de los menores. En total, las ayudas beneficiarán a 92 entidades locales en toda Andalucía y para este periodo se prevé atender a más de 6.000 familias y 12.000 menores.
Se trata de preservar los derechos de los niños y niñas, promoviendo su desarrollo integral en su medio familiar; y posibilitar su retorno a la familia de origen en aquellos casos en los que, tras la adopción de una medida de protección, se contemple la reunificación familiar como la alternativa prioritaria y más adecuada para los y las menores.
En la actualidad, estos equipos para el tratamiento a familias están integrados por 462 técnicos y 92 coordinadoras que actúan en 84 municipios de más de 20.000 habitantes y en las 8 diputaciones provinciales con el objetivo de mejorar las condiciones de las familias en situación de riesgo social, de manera que puedan ejercer adecuadamente sus funciones parentales y evitar la separación de padres, madres, hijos e hijas.
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