Pepe Montoya, concejal no adscrito en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, ha presentado esta mañana en la Fiscalía Provincial de Almería una denuncia por presunto delito de prevaricación administrativa contra el alcalde roquetero, Gabriel Amat, y el Secretario General del consistorio, Guillermo Lago, por decretar e informar, respectivamente, dos resoluciones a su entender arbitrarias e injustas, que le impiden participar en las deliberaciones de los asuntos tratados en los plenos municipales.
“No soy el primer concejal no adscrito en el ayuntamiento de Roquetas, pero sí soy el primero al que se le prohíbe participar en los plenos. Llevar este asunto a la Fiscalía es defender mis derechos como concejal, unos derechos que Gabriel Amat está intentando arrebatarme”, ha explicado Pepe Montoya, quien ha recordado que hasta ahora ningún concejal se había visto en esta situación. “Está muy claro que Gabriel Amat pretende acallar mi voz y que los vecinos no puedan escuchar todo lo que tengo que decir y lo mucho que está perjudicando al municipio. Pero se lo voy a poner difícil. La ley y la democracia están por encima de Gabriel Amat y algún día se hará justicia en Roquetas y quizás sea él el que salga del ayuntamiento escoltado por la policía”, ha añadido el concejal, muy contrariado por la decisión del alcalde.
El 19 de abril pasado, Montoya presentó su baja de Ciudadanos y solicitó su paso a la condición de concejal no adscrito en el consistorio roquetero. Ese mismo día dejó claras sus diferencias con el alcalde Gabriel Amat, quien desde entonces no ha dejado participar a Montoya en ninguno de los debates de los plenos posteriores, llegando incluso a decretar su expulsión del salón de sesiones acompañado por la policía local en el pleno del mes de mayo.
El edil no adscrito también ha solicitado a la Fiscalía que inste del Juzgado la adopción de una medida cautelar para que se le levante la prohibición de participar en los próximos plenos, sabiendo que el tiempo que transcurra hasta la resolución definitiva podría ser superior a los meses que quedan de mandato de la corporación.
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