Trabajadores públicos de Almería sacan a la calle su lucha contra los recortes del Gobierno de Rajoy

La Plataforma Intersindical de Empleadas y Empleados Públicos de Almería ha vuelto a la calle en protesta por los recortes y en defensa de los servicios públicos. Un millar de personas, según datos de la organización, ha acudido este jueves, 31 de enero, a la concentración convocada en la Puerta Purchena de la capital «para dejar patente el malestar de los almerienses con la política de recorte y de destrucción del Estado del Bienestar que está realizando el Gobierno», denunciaba esta tarde el representante del Sindicato Independiente de la Agencia tributaria, Trino Aguilera.

Preocupación en Almería por el futuro de los servicios públicos

La movilización, convocada a las 17.30 horas, ha recorrido el Paseo de Almería hasta llegar a la sede de la Subdelegación del Gobierno en la capital, donde la lectura de un manifiesto ha puesto fin a la acción reivindicativa.

Paqui Cano, miembro del Sindicato de Trabajadores de la Administración Pública ha reiterado que los empleados públicos «no son los causantes de esta crisis». Para la secretaria general de la Federación de Servicios Públicos, Sunsi Requena, «seguimos luchando por unos servicios públicos para todos los ciudadanos por igual, independientemente de la clase social a la que pertenezca».

Desde la Plataforma Intersindical, sus responsables han denunciado la pérdida de poder adquisitivo de los funcionarios, los despidos y la supresión de ayudas de acción social a pesar de que «los trabajadores públicos no han sido los culpables del derroche realizado por muchas Administraciones».

Advierten del deterioro que sufren los servicios públicos y las condiciones laborales causado por  el despido de miles de empleados públicos, la congelación de las ofertas de empleo público, la imposición de una tasa de reposición no superior al 10% y la no contratación de personal temporal.

Ante esta situación, los sindicatos exigen la derogación de todas las disposiciones adoptadas hasta el momento en materia de recortes de las condiciones laborales, retribuidas y sociales de los empleados públicos, así como la reducción de salarios de altos cargos y directivos de las empresas públicas y entes instrumentales en un 30%.