Después de la muerte del joven senegalés Magette Fall Max tras huir de unos agentes que le pidieron la documentación cuando transitaba por Almería capital, la Plataforma por los Derechos y la Justicia Social analizaba en el transcurso de una serie de reuniones con colectivos sociales, la situación que vive la población inmigrante en la provincia de Almería.
Este miércoles, junto con la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía y otras asociaciones de inmigrantes en Almería, el portavoz de la Plataforma, Fernando Plaza ha reclamado a la Subdelegación del Gobierno que tome medidas para poner fin al «acoso policial indiscriminado por motivos étnicos y raciales».
Senegaleses presentes en la convocatoria de prensa han afirmado que la muerte de Max «ha sido la gota que colmó el vaso» y han mantenido que en Almería «se pisan dos pilares fundamentales de los derechos humanos, la libertad de movimientos y el derecho a un techo digno».
Trece años después de los sucesos de El Ejido, la Plataforma asegura que «la situación en la provincia es peor que en el año 2000», e insta a la Subdelegación del Gobierno a que cese el acoso al que se ve sometida la comunidad inmigrante y la «criminalización a este colectivo, que además crea inseguridad al hacer que el resto de ciudadanos vea a los extranjeros como delincuentes».
Asimismo, la Plataforma ha solicitado que se facilite el acceso a las renovaciones y a la regularización de los inmigrantes, así como que la Inspección de Trabajo sea más rigurosa con aquellos empresarios que no dan de alta a sus trabajadores, porque además de cometer una ilegalidad impiden que puedan renovar sus permisos.
Sobre el problema de los asentamientos chabolistas de la provincia, Plaza ha pedido a la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, Sonia Ferrer, que «cumpla el papel activo al que se comprometió, cuando aseguró que iba a ser parte mediadora para poner a los técnicos de la Junta a disposición de los ayuntamientos para dar una solución individualizada a estas personas».
