Me asusta enormemente, como alcalde, cuando se habla de los fondos europeos de recuperación de la UE y con ello se señala a las comunidades autónomas y, en mi caso me asusta más, cuando se habla de las Diputaciones como las entidades que pueden dinamizar o influir en su distribución. Puede que en otras provincias tengan la sensación o la certeza, incluso, de que los fondos, obras y oportunidades se reparte de forma justa, pero les puedo asegurar que en Almería no es así. Yo, como alcalde de Lubrín y exdiputado provincial, soy de esos que padecen el síndrome de una provincia y dos velocidades, hasta el punto de que ya no trabajamos contra el síndrome de la España vaciada, sino para evitar que nos vacíen con políticas de capricho que premian a los que alaban y castigan a los que piden justicia en el reparto.
Si no generamos lo más aproximado a la igualdad en cuanto a servicios públicos que pueda percibir el ciudadano, independientemente del lugar en el que resida, obviamente las nuevas generaciones o los emprendedores, no van a tener en el entorno rural un lugar en que el fijarse para, precisamente, fijar su proyecto de vida. Si a esto le sumamos que en el caso de Almería ya podemos imaginar que no nos llega lo que por derecho nos corresponde debido a que el reparto que hacía el anterior diputado de obras públicas no era precisamente pensando en la necesidad o rentabilidad de la obras públicas, sino en sus propias necesidades, pues nos podemos hacer una idea aproximada de la magnitud del problema.
Sólo para que se hagan una idea sin aburrirles con datos. Se supone que las Diputaciones provinciales están, se configuraron, para atender las necesidades de las poblaciones más pequeñas. Es decir, una especie de fórmula del estado del bienestar intermunicipal para que nadie se quedase atrás. Ahora, con esa premisa, tiren del presupuesto provincial y miren lo que, por ejemplo, se llevan en obras los pueblos más grandes allá por donde se pone el sol, mientras los micropueblos tenemos que ingeniar soluciones para lo que no nos va llegar pese a suplicar una bendita obra, o una ayuda para construir vivienda social de alquiler, etc… Vamos que mientras algunos pueblos del Almanzora, por ejemplo, recibían ayudas cuantiosas para pagar facturas de luz, otros teníamos que destinar año tras año los planes provinciales de Diputación a mantener las infraestructuras de servicios tan básicos para el ciudadano como el agua.
Ya basta. Se supone que los fondos de resiliencia, el dinero que Europa nos aporta para resetear el modelo económico comunitario, no está destinado a que las grandes ciudades se conviertan cada vez en centros de población aún mayores que acaparen toda la inversión. No. No más madriles.
España es un territorio de más de medio millón de kilómetros cuadrados con 8131 municipios, en el que es obligado promover las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica. Y eso es así por norma, al menos, lo que dice la Constitución Española que debe suceder, pero del dicho al hecho no puede haber más trecho, y menos aún fomentado por administraciones a las que parece interesarles especialmente que provincias como las de Almería sigan creciendo a dos velocidades y bien distintas.
Estas líneas no les trasladan un monumental enfado, que lo tengo, sino que tratan de hacer entender que es el Estado el que debe dar a los ayuntamientos la oportunidad de acceso directo a fondos que garanticen nuestra resiliencia y no que potencien nuestras actuales debilidades haciendo la brecha aún mayor. Porque la pregunta ¿Quién no ha sido justo hasta ahora, lo va a ser a partir de mañana?
Domingo Ramos es alcalde de Lubrín
