Desde que esta Unión de Jubilados y Pensionistas emprendió una campaña en diciembre de 2012, para que tras la denegación del derecho que tenemos todos los pensionistas a que se nos revaloricen las pensiones de acuerdo con el IPC, que ese año fue del 2,9% (entre noviembre 2011 y Noviembre 2012), según la ley vigente en esa fecha, hemos visto como los jueces se han pronunciado de distinta manera.
El juzgado de lo social de Donostia-San Sebastián ha dictado dos sentencias por las que estima el derecho a percibir la revalorización de pensión de jubilación de 2012 y 2013 conforme al IPC.
Del mismo modo el juzgado de Burgos dicta sentencia en la que se recoge la no revalorización de las pensiones en 2012 es un acto “no ajustado a derecho” que debe ser reformado. En ambos casos el juez estimó que cabe recurso de Suplicación ante el TSJ.
Sobre las mismas fechas un juzgado de Madrid ha dictado una sentencia a favor del INSS en la que el juez alega que la actualización de las pensiones “no constituye un derecho adquirido, sino una mera expectativa de derecho”, que depende de la voluntad legislativa.
Los juzgadores del Constitucional, donde se encuentra el recurso desde el 24 de Febrero 2013, conscientes de que su decisión afecta a millones de pensionistas (notoria afectación general), aún no han tenido tiempo para decidir que la norma dictada en su momento es social y moralmente inaceptable. Que vulnera los artículos 9, 14, 40 y 41 de la Constitución y que desde un punto estrictamente jurídico debe dejar inalterable el derecho a la revalorización desde el 1/1/2012 al 30/11/ 2012.
¿A qué esperan para darnos la razón? ¿A qué nos muramos todos?
Luis López López es secretario General de la Unión de Jubilados y Pensionistas (UJP) de UGT Almería
