Lamentablemente, conmemoramos este 8 de marzo de 2012, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, inmersos en un escenario de crisis económica, en la que aumentan las desigualdades de todo tipo, principalmente entre los que la han provocado, que continúan acaparando mucho, y los que la estamos sufriendo, perdiendo lo poco que se había conseguido.
Las crisis siempre atacan doblemente a las mujeres, porque a la desfavorable situación de partida, para la que se habían articulado medidas que pretendían reducir dichas desigualdades, e incluso se estaban dando pasos importantes en la utilización de acciones positivas como medidas que permitían a las mujeres avanzar para situarse al mismo nivel de los hombres; de golpe, la situación vuelve a estancarse y peligran los logros conseguidos, sin haber tenido aún motivo para celebrar los niveles de igualdad alcanzados. Y es que nada más aparecer los primeros síntomas de la crisis, comenzaron a desdibujarse los avances y comenzaron los recortes. La inserción laboral de mujeres que venía produciéndose de forma progresiva y constante, retrocede de tal manera, que España encabeza el paro de mujeres en la Unión Europa. Si hace unos años nuestra legislación en materia de igualdad se situaba a la altura de los países más avanzados en la materia, hoy estamos muy por debajo de la media europea en cuanto a empleo se refiere.
La discriminación por razón de sexo no es un fenómeno nuevo; sin embargo la crisis económica que atravesamos y las respuestas dadas por las políticas puestas en marcha en los países europeos van a suponer un importante incremento de las desigualdades de género y un gran retroceso de los avances logrados en materia de igualdad en las últimas décadas. Cada vez resulta más evidente que las mujeres están siendo perjudicadas profundamente y en mayor medida que los hombres por las medidas que se están adoptando. Y es que las políticas de contención salarial, la disminución de las rentas en los hogares, el aumento del endeudamiento, el adelgazamiento del sector público, y el triunfo de valores como la avaricia y el individualismo, en detrimento de otros como el de solidaridad y la justicia social fomentan, intensifican y profundizan las desigualdades.
El impacto de las rebajas generalizadas del estado de bienestar social, a través de los recortes sociales y del gasto público en general, que se están efectuando de forma drástica, devastadora, indiscriminada y de espaladas al análisis del impacto de género, no tendrá el mismo efecto para las mujeres que para los hombres. A los recortes públicos y sociales se añaden otro tipo de medidas; las de reforma del mercado laboral, que aprovechan la situación para flexibilizar el mercado de trabajo a favor del poder empresarial y que sin duda también tendrán una repercusión distinta y más desventajosa para las mujeres.
Por otra parte, la destrucción de empleo, empeorará la situación de las mujeres, ya que, si bien la crisis ha tenido un impacto mayor en un primer momento en determinados sectores, tradicionalmente masculinizados, como la industria y la construcción, no es menos cierto que otros sectores, en los que las mujeres se emplean mayoritariamente, como sanidad, la educación y los servicios sociales, se verán afectados por los recortes del gasto público para cumplir con los objetivos de reducción del déficit, disminuyendo su oferta y los puestos de trabajo a los que tradicionalmente venían accediendo las mujeres, además del sector servicios.
Por último, no podemos dejar de señalar uno de los factores de discriminación más importante para las mujeres en el mercado laboral: el de la conciliación de la vida laboral y familiar. La incorporación de las mujeres al mundo laboral retribuido se ha realizado, sin resolver el conflicto que supone trabajar fuera de casa y atender las responsabilidades familiares. Y han sido las mujeres las que han asumido mayoritariamente la doble tarea desde el principio, por ser las que tradicionalmente venían realizando las labores de los cuidados domésticos y familiares. Los tiempos de progreso económico permitieron empezar a plantear que la atención de menores y otros familiares dependientes debía enfocarse como un problema de la sociedad y no como un conflicto privativo de las mujeres y que por tanto era imprescindible contar con unos servicios públicos de calidad para atender estas necesidades de los cuidados.
En la situación actual cualquier recorte en el gasto público que redunde en una reducción o eliminación de servicios públicos dirigidos al cuidado y la atención de menores y otras personas dependientes, supondrá un retroceso para las mujeres que seguirán viéndose obligadas a continuar asumiendo el difícil e impracticable doble papel de mujer trabajadora y cuidadora, en muchos casos. Así pues debe tenerse en cuenta que las políticas de recorte del gasto público que impliquen cualquier disminución de los servicios públicos de cuidado de personas dependientes y/o de fomento de la corresponsabilidad, redundarán en una importante paralización y retroceso en materia de conciliación y por ende en la situación de las mujeres.
En definitiva, las políticas de ajuste y recortes que se están imponiendo en la Unión Europea y en España van a acentuar las desigualdades, y contribuirán al aumento del empobrecimiento de las mujeres y de las discriminaciones que sufren. Estas políticas uno de cuyos máximos exponentes en nuestro país es la reforma laboral nos conducirán no solo a una recesión económica y social, sino a una recesión en la igualdad de género.