Hace ahora diez años, en marzo de 2012, el gasóleo agrícola marcó su máximo histórico, superando 1,04 euros por litro. En esos días, el barril de Brent se situaba sobre los 95 euros. Hoy, con el barril de Brent un poco por encima de los 105 euros, el gasóleo agrícola ha batido todos los récords históricos situándose en 1,40 euros/litro.
Tras estos datos la única explicación plausible, según ha denunciado este lunes la organización agraria UPA, es la especulación y la “absoluta falta de escrúpulos” de las empresas petrolíferas.
La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos ha asegurado que la escalada del precio del gasóleo está poniendo en jaque la continuidad de la agricultura y la ganadería en España, especialmente de las explotaciones más pequeñas y de carácter familiar, las más vulnerables. “Si llenar el depósito de un tractor podía costar unos 300 euros el año pasado, este año supera los 700 euros. Es inasumible”, aseguran.
UPA asegura que la idea de que la subida de los combustibles es sólo culpa de Putin y la guerra en Ucrania es “directamente falsa”. Analizando la relación entre el precio del petróleo y el precio del gasóleo agrícola se observa cómo en los meses en los que la pandemia hizo que disminuyera el consumo de combustibles esta relación llegó al 34-45%, mientras que en la actualidad se sitúa en el 78%.
La práctica es sencilla, describen desde UPA, cuando hay poco consumo el margen de las petroleras se reduce, como pasó en la pandemia, cuando bajaron mucho el precio del diésel para favorecer el consumo. Ahora, que hay una situación de histeria por la guerra, las empresas aumentan sus márgenes a costa de la sociedad en general.
El caso de las tarifas eléctricas también demuestra, para UPA, que su comportamiento habitual carece de escrúpulos. El solo anuncio de la desvinculación del precio de la energía al del gas hace caer un 50% el precio. “El sistema es inaceptable y debe cambiar”, sentencian.
UPA ha pedido al Gobierno que intervenga para frenar esta escalada “inaceptable” del precio de la energía. “Las medidas fiscales no son suficientes, debe actuarse a escala legislativa para impedir estas prácticas abusivas”. Los agricultores pedirán también a Competencia que inicie una investigación para comprobar si se están llevando a cabo prácticas contrarias a la libre competencia.
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