La Unión de Pequeños Agricultores (UPA) de Almería ha repartido este jueves miles de kilos de hortalizas en la en la Rambla Federico García Lorca, en la capital almeriense, en protesta por el actual proyecto de ley para la mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria.
Según UPA, el actual Proyecto de Ley para Mejorar el Funcionamiento de la Cadena Alimentaria demuestra la voluntad del Gobierno de «aparentar que se hace algo para que todo siga igual, o peor. Tantos años de lucha y reivindicación puede acabar en papel mojado. Lo peor de esta situación es que nos venderán la nueva ley como un logro sin precedentes, nos dirán que con ella se responde plenamente a las exigencias del sector, y no es así». UPA va más allá e indica que «la tramitación de esta norma vuelve a dejar fuera a las organizaciones agrarias, no admitiendo a trámite ninguna de las enmiendas propuestas por UPA, y deja frustradas las esperanzas de conseguir una posición de equilibrio para todos los agricultores y ganaderos. Una oportunidad perdida que llena de frustración a los hombres y mujeres del campo».
Desde la organización agraria también aseguran que «la ley no esconde su iniquidad, estando llena de referencias a las reivindicaciones del campo para frustrar su solución mediante el establecimiento de condiciones que impiden su general aplicación. Por ejemplo, parece que implanta el reclamado contrato alimentario pero seguidamente define las situaciones en las que será obligatorio y deja fuera a gran parte del sector, especialmente a los más débiles; una vez más: las pequeñas y medianas explotaciones».
Precios justos
Para UPA, la ley «simplemente omite la reivindicaciones de las personas del campo. Se olvida intencionadamente del concepto de ‘precios justos’, sin hacer mención alguna a la limitación de comprar por debajo de los costes de producción de los agricultores, ejerciendo la posición de dominio que se tiene en la cadena alimentaria. O la vergonzante actitud del legislador ante la situación de ‘venta a pérdidas’ de los productos agroalimentarios por parte de las empresas de distribución».
Además desde la organización agraria aseguran que «si no fuera suficiente con la amnesia selectiva, establece un régimen sancionador que incentiva el incumplimiento de la ley, siendo muchos más los beneficios que obtiene el infractor al conculcar la norma que la sanción que se le puede imponer. Dado el poco interés del gobierno, será muy difícil que alguien pueda ser sancionado, pero si llegara el caso todo quedará en una cantidad simbólica. Y dado el poco espíritu de la ley, no sería de extrañar que se acompañara de una disculpa por parte del gobierno por meterse con quién no debe».
La calculada ambigüedad de la norma se evidencia también en la regulación de los mecanismos de resolución de conflictos. Evitando establecer un sistema de mediación y arbitraje de naturaleza preferente u obligatorio, y remitiéndose a un futuro Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la Contratación Alimentaria de adhesión voluntaria e incierta por parte de los operadores. En definitiva, envía este mecanismo de defensa del ciudadano al Limbo.
Por último desde UPA aseguran que, «desgraciadamente, la Ley de la Cadena Alimentaria se puede convertir en la cadena perpetua para las explotaciones agrícolas, condenadas a permanecer bajo la tiranía de las comercializadoras y la distribución».
