La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha tildado la Ley de cadena alimentaria aprobada por el Congreso de los Diputados de “oportunidad histórica perdida para todo el sector agroalimentario”. La organización agraria reconoce avances, ya que “ahora tenemos una Ley”, aunque ha criticado que al Partido Popular le ha faltado “valentía política para rematar un trabajo de años” para reequilibrar la cadena agroalimentaria. La legislación, en opinión de UPA, “nace coja” y “no servirá para resolver los principales problemas de los agricultores y ganaderos españoles”.
El Partido Popular aprobó en solitario en el Congreso de los Diputados el proyecto de Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, demandado por el sector durante años. La norma, que tenía como objetivo principal mitigar la crisis que arrastran las explotaciones agroganaderas en España desde hace años, ha sufrido fuertes presiones por parte de la gran distribución y de las autoridades de Competencia nacionales y europeas para suavizarla.
UPA ha criticado que la Ley no establezca la venta a pérdidas ni el uso de los productos reclamo como prácticas abusivas. El texto tampoco establece la figura de un verdadero árbitro independiente con capacidad de mediar en los conflictos ni impone un régimen de sanciones “suficiente” a los que incurran en prácticas abusivas, así como que no se contemplen precios de referencia ligados a los costes de producción en los contratos, que sí serán obligatorios.
Desde la organización no ocultan su decepción “tras tantos años de lucha” para conseguir una ley que proteja a los productores. “Esta Ley trata de cambiar comportamientos a los que actores muy poderosos de la cadena agroalimentaria están acostumbrados desde hace mucho tiempo”, señalan, “para lo que son necesarios instrumentos más fuertes que los que se han aprobado”.
Fuentes de la organización agraria guardan una mínima esperanza de que en los reglamentos que desarrollen la Ley se resuelvan algunos de sus principales déficits. UPA reconoce que, sobre el papel, la Ley supone un avance sobre la situación actual, y anhelan que sea “un primer paso para mitigar la crisis del sector y frenar el cierre de explotaciones”.
