sábado, 24 febrero 2024

La única planta de resíduos vegetales autorizada de Níjar pide más dinero a los agricultores para abrir

21 febrero 2015
Níjar
RNijar 4

Reunión para analizar la propuesta de Cespa

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Cespa ha propuesto ante el Consejo Sectorial Agrario un cambio en el modelo de gestión para poder reanudar su actividad. Los agricultores no están dispuestos a pagar más. Asaja ha pedido a la planta que abra mientras se toma una decisión pero la empresa ha dicho no.

Este viernes se ha celebrado una reunión en Campohermoso para analizar la propuesta planteada por los responsables de la planta de recogida de restos vegetales Cespa en Níjar en la que se puso sobre la mesa el cambio de modelo de gestión. Cespa es el único centro autorizado que tienen los agricultores de la comarca para entregar sus restos vegetales. La Junta de Andalucía no le permite otra forma de deshacerse de ellos. Sin embargo, la planta de Cespa está cerrada en estos momentos. Sus responsables explicaron el pasado lunes en el Consejo Sectorial Agrario de Níjar que no le cuadraban los números ante la escasa entrada de restos vegetales a la planta.

En la reunión del viernes quedó clara la postura de los agricultores de rechazo a la propuesta de Cespa. El nuevo modelo contempla subidas importantes en el precio que los agricultores no están dispuestos a asumir. Además, se plantea un monopolio de la gestión y el transporte de los restos vegetales.

Los agricultores no entienden que la empresa hable de escasez de género “cuando incluso uno de los problemas, llegada la finalización de la campaña, era precisamente que debían limitar la entrada por la gran cantidad de restos vegetales que debían procesar”, expresaron algunos agricultores asistentes.

Cespa propone que, para poder acceder y entregar los restos vegetales, sea requisito indispensable la firma de un acuerdo o contrato entre las partes, y según se anunció, los precios variarán en función de cada cliente e incluso de cada transportista.

La organización agraria Asaja, presente en la reunión, ha mostrado sus reticencias a la propuesta ya que podría crear diferencias entre agricultores. “De repente se va a producir un nuevo cambio en las tarifas a aplicar para poder entregar los restos vegetales. No sabemos los criterios que se van a seguir en dichos acuerdos, las tarifas y condiciones de los mismos. Además se le ha pedido a la empresa la apertura de la planta en tanto dan forma al nuevo sistema de gestión, algo que ha sido negado rotundamente”, ha afirmado Ángel López, director técnico de Asaja.

En opinión de Asaja, lo que ha quedado de manifiesto, y así fue expresado por los agricultores asistentes, una vez más “es la nefasta gestión privada y la falta de alternativas a una situación monopolística que va a repercutir en el bolsillo de los agricultores”, manifestó Francisco Vargas, presidente de esta organización agraria.

Respecto a otra de las propuestas que siempre se ponen en la mesa, la imposición de una tasa al agricultor, el Vargas recordó que “nos seguimos oponiendo rotundamente y además, según la normativa vigente sería ilegal”.

El agricultor, como responsable de los restos que genera la cosecha, está obligado por la normativa impuesta por la administración competente, la Junta de Andalucía, a llevar a cabo la eliminación de los restos vegetales que se generan a través de métodos autorizados, creándose la figura del gestor. Éste último cobra al agricultor por este servicio, que tal y como se ha demostrado en las distintas plantas, no ha estado exento de polémicas en relación al tratamiento que se da a estos restos y que en el caso de la comarca de Níjar los agricultores sólo cuentan con un único centro autorizado, la planta de Cespa.

Asaja entiende que se trata de una actividad empresarial privada, “pero lo que no aceptamos es que se intente sacar partido a una posición dominante para imponer al agricultor, que necesita de ese servicio, el cómo, el dónde, el cuándo y cuánto. Por eso lamentamos que la Delegación de Agricultura opte por lavarse las manos y no defender los intereses generales de los usuarios, es decir, de los agricultores”. “La administración, que es la que obliga a usar plantas de este tipo, cuando otorga una autorización debería vigilar las actuaciones y velar por garantizar que los agricultores pueden cumplir con las exigencias de la normativa y no dejarlos a su suerte. Consideramos que su actuación debería ser más contundente”, explican desde la organización.