En su intervención, Carmen Ortiz ha recordado que el objetivo general de esta planificación es “mejorar la competitividad de la agroindustria en nuestra región, impulsando la creación de empleo de calidad en el sector y favoreciendo el mejor equilibrio posible dentro de la cadena agroalimentaria”.
Desde que el Consejo de Gobierno acordó la formulación del Plan en septiembre de 2015, el borrador del documento, en el que están implicadas varias consejerías de la Junta, se ha elaborado teniendo en cuenta aportaciones de distintas organizaciones y colectivos.
Actualmente se encuentra en trámite de Evaluación Estratégica Ambiental en la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
El documento comprende 75 líneas de actuación articuladas en nueve estrategias orientadas a ganar eficiencia y dimensión para generar un tejido empresarial extenso, diversificado, fuerte y sostenible; formado por entidades más competitivas, innovadoras y seguras. Además, se pretende fomentar las producciones de calidad diferenciada, especialmente necesaria en un contexto globalizado donde se compite por ofrecer productos al menor coste posible. La consejera de Agricultura ha resaltado que resulta “esencial que el consumidor pueda reconocer claramente los elementos diferenciales de determinadas producciones”.
Otra de las líneas de actuación se dirige a buscar el equilibrio y la transparencia de la cadena alimentaria para aumentar la eficacia y competitividad del sector y reducir el desequilibrio en las relaciones comerciales. Carmen Ortiz ha hecho hincapié en que “la cooperación entre todos los eslabones de la cadena dotará de sostenibilidad a las relaciones entre los diferentes agentes”.
El Plan Estratégico comprende también actuaciones que avanzan en la necesidad de orientar las producciones a las tendencias del mercado y fomentar nuevas salidas comerciales; en la internacionalización de la industria agroalimentaria andaluza; en la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático; y en la apuesta por la innovación y la transferencia de conocimiento como “medio esencial para el desarrollo eficaz” de esta planificación, ha recalcado la consejera.
Brexit
Carmen Ortiz ha explicado también en la Comisión de Agricultura del Parlamento que las líneas de trabajo de la Junta sobre el impacto de la salida del Reino Unido de la Unión Europea (Brexit) en esta materia están orientadas a tres objetivos concretos, minimizar el impacto sobre el presupuesto comunitario, especialmente en lo relativo a ayudas directas y a fondos para el desarrollo rural; conseguir la actualización y mejora de los mecanismos de gestión de crisis de mercados; y lograr la revisión de los acuerdos con terceros países como Marruecos.
La consejera ha emplazado a grupos políticos y organizaciones sociales a “trabajar todos unidos para defender los intereses de Andalucía” y ha anunciado que trasladará el avance del estudio de diagnóstico realizado por la Junta a las organizaciones agrarias para que puedan también hacer sus aportaciones “y establecer una hoja de ruta consensuada para el futuro”.
Respecto a las conclusiones del grupo de trabajo de la Junta para analizar el impacto del Brexit en la economía andaluza, se ha referido a dos cuestiones principales. Primero, la relativa a las relaciones comerciales, ya que el Reino Unido es el cuarto mayor cliente de productos agroalimentarios, con 888 millones de euros exportados en 2015 desde Andalucía. «La desaparición de la preferencia comunitaria para los productos agrícolas de la UE en el Reino Unido supondría para España una mayor competencia de países terceros», ha dicho la consejera.
Y segundo, la repercusión que la salida de un contribuyente neto tendría en el presupuesto de la Política Agrícola Común, que se traduciría en una reducción de 3.900 millones de euros al año, sobre un presupuesto total de 55.500 millones de euros. Carmen Ortiz ha explicado que para alcanzar el equilibrio presupuestario se barajan varias opciones, la reducción del presupuesto lineal, con el que Andalucía perdería unos 190 millones de euros anuales; o una aportación por parte de los Estados Miembros que compense el cheque británico, que supondría 105 millones de euros menos al año en el caso andaluz.
