La Fiscalía Anticorrupción ha pedido 64 años de prisión y el pago de multas por valor de 49 millones de euros para el exalcalde de El Ejido, Juan Enciso, por su presunta participación en una trama de saqueo al Ayuntamiento a través de la empresa ElSur investigada a través de lo que se ha venido a conocer como caso Poniente. La cantidad de dinero objeto del saqueo supera los 71,5 millones de euros.
El Ministerio Público, en su calificación, solicita penas que suman 1.556 años para medio centenar de acusados por un total de 362 delitos.
El Ayuntamiento de El Ejido ha emitido un comunicado en el que expresa que su prioridad es «restituir a las arcas municipales las cantidades presuntamente defraudadas» por los miembros de la trama.
El Gobierno municipal apunta que «recuperar esas cantidades ha sido siempre una prioridad, ya que ello permitiría, de cara al futuro, realizar inversiones en materia de infraestructuras, equipamientos y servicios en todo el término municipal para, al menos, un periodo de 13 o 14 años».
El Ministerio Fiscal ha solicitado además el pago de multas por un valor total de 883,9 millones de euros y el pago de indemnizaciones en favor del Ayuntamiento por valor de 71,4 millones euros y de 28,9 millones para Hacienda, según la calificación del Ministerio Público.
En el informe de la Fiscalía, de 207 páginas, se señala que la empresa Abengoa habría obtenido 232,6 millones de euros por servicios de mantenimiento dentro del canon anual de ElSur y por servicios y obras fuera del mismo. Por ello hay ocho miembros de empresas del grupo Abengoa que figuran como acusados.
Penas
En la calificación de la Fiscalía, se solicitan penas de 64 años de prisión y el pago de multas por valor de 49,8 millones de euros para el exalcalde de El Ejido, Juan Enciso, y el exinterventor municipal, José Alemán, acusados cada uno de ellos de los delitos de malversación de los caudales públicos, falsedad continuada en documento mercantil, contra la Hacienda Pública, cohecho pasivo propio continuado y prevaricación continuada.
La Fiscalía incide en que «a través de una red de empresas que se han ido sucediendo unas a otras, Abengoa ha venido siendo la propietaria del 70 % de las participaciones de ElSur» y añade que «estas sucesivas transformaciones perseguían un único fin, tratar de camuflar que la auténtica propietaria de ElSur es Abengoa».
Enciso, que presidía el Partido de Almería cuando en 2009 era detenido, formaba parte de las filas del PP cuando como alcalde aprobó en pleno la creación de ElSur.
Sobre el presunto aprovechamiento de Abengoa, asegura el fiscal que como socio privado mayoritario de ElSur, «procedió, a través de sus directivos acusados en esta causa a beneficiarse ilícitamente de esos ingresos a sabiendas de la naturaleza pública del dinero».
Sostiene además que Abengoa, a través de sus mercantiles Befesa y Aygesa, se ha «apoderado» de la cantidad de 31.089.484,59 euros con la sobrefacturación con servicios que en realidad no se prestaron y que «tenían como única finalidad el apoderamiento ilícito (…) de unos fondos que sabían eran de naturaleza pública».
El fiscal indica que ElSur no tenía permitida la subcontratación de sus servicios, pero que lo hizo durante años con «una doble finalidad, engordar artificialmente el canon anual que tenía que recibir como contraprestación por parte del Ayuntamiento, y aumentar aún más sus ingresos defraudando a la Hacienda Pública».
«Para ello orquestaron la creación de una trama de sociedades que se dedicaban a subcontratar con ElSur«, principalmente en manos de los acusados José Amate Rueda y Juan Antonio Galán Martínez.
Sociedades que con «una personalidad jurídica ficticia trataban de ocultar las maniobras ilícitas de los responsables de Abengoa» a cambio de «pingües beneficios» por medio de la sobrefacturación» para Amate y Galán.
«ElSur y su socio mayoritario Abengoa permiten y colaboran en la creación de las empresas subcontratistas para mediante las mismas ocultar las elevadas ganancias que de manera fraudulenta obtienen no solo del Ayuntamiento, sino también reduciendo considerablemente las cuotas tributarias», con lo que la empresa mixta logró defraudar presuntamente por impagos de los Impuestos de Sociedades e IVA más de 17 millones de euros.
El resto de la calificación se centra en los empresarios José Amate y Juan Antonio Galán, quienes habrían sobrefacturado, respectivamente, 24.688.222,63 y 15.649.200,99 euros, y el exinterventor José Alemán, quien «permitió que los hechos tuvieran lugar, a cambio de grandes prebendas económicas».
Sobre Enciso asegura el fiscal que junto a Alemán y también a cambio de prebendas, habría hecho caso «omiso de sus obligaciones de fiscalización y control», y que «hizo uso de las influencias que los puestos que ostentaba» que ElSur y otras empresas contratasen a familiares y amigos.
El fiscal concluye su análisis pormenorizado con las supuestas relaciones con la trama de los empresarios Ambrosio Cuevas y Jesús Aragón García, así como de la empresa Urdial-Mariya SL.
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