La Audiencia Nacional (AN) ha declarado nulo el despido colectivo que, en marzo de este año, afectó a 149 empleados del Grupo Uribe, la compañía gerente de los supermercados ‘Super Olé’ en Almería, Granada y Murcia, al considerar acreditado que se produjeron actuaciones fraudulentas en el desarrollo de las negociaciones con los trabajadores, «se incumplió el procedimiento y se ejercieron presiones inadmisibles», admite el dictamen judicial.
La sentencia, contra la que cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS), estima la demanda interpuesta por los trabajadores contra el expediente de regulación de empleo (ERE) que se consumó el 20 de abril y que afectaba a tres de las seis mercantiles del grupo -Distribuidora Uribe, Supermercados Super Olé y Supermercados Super Olé Levante-. Un mes después, cinco de estas empresas entraron en concurso ordinario de acreedores.
En la tramitación del proceso, indica la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, ha quedado probado que las mercantiles del grupo no actuaban propiamente como empresas autónomas sino que se limitaban a actuar como «corifeos o apariencias de empresas que encubrían a la empresa real, que era el grupo en su conjunto y cuyo centro de operaciones se ejecutaba por Distribuidora Uribe».
A la vista de ello, según la sentencia, no se respetó el procedimiento previsto en el artículo 51.2 del Estatuto de los Trabajadores ya que el «empresario real era el Grupo Uribe en su conjunto, incumpliendo lo dispuesto en la normativa al aportar solo la documentación de las tres empresas afectadas por ERE».
La compañía Distribuidora Uribe S.A. y la mercantil Supermercados Super Olé, junto con otras tres empresas más del Grupo Uribe propiedad del que fuera presidente de la patronal almeriense hasta hace unas semanas, Miguel Uribe, entraron en concurso voluntario de acreedores en junio después de dar cuenta al Juzgado de lo Mercantil de Almería del estado de «insolvencia» en la que se encuentran las empresas para las que se ha solicitado la tramitación acumulada del concurso, lo que afecta a más de 300 trabajadores e implica a 784 acreedores.
La Audiencia Nacional subraya que la fragmentación del despido colectivo, dividido «artificiosamente» en tres partes pese a que las empresas constituyen un grupo a efectos laborales, supuso una quiebra del principio de buena fe por parte de la patronal, a la que acusa de intentar ocultar dicha negociación mediante la suscripción de actas diferenciadas. Reprocha, en esta línea, que se sigan adeudando los salarios de febrero a abril a los empleados afectados por el despido, aunque sí fueron abonados al resto de empleados de la empresa.
