FACUA-Consumidores en Acción critica que el Gobierno de Pedro Sánchez se limite a aprobar el bono de alquiler para jóvenes y no intervenga los precios de los pisos para evitar las subidas de los mismos. La asociación advierte de que la creación de esta ayuda de hasta 250 euros durante dos años para menores de 35 años puede derivar en que ese dinero público termine en manos de especuladores, que lo tendrán más fácil para inflar los arrendamientos.
El bono de alquiler aprobado este martes 18 de enero por el Ejecutivo va destinado a jóvenes de menos de 35 años que vayan a arrendar pisos enteros, o habitaciones siendo la ayuda de hasta 300 euros, siempre que no tengan ingresos superiores a tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), la vivienda se considere habitual y tenga una renta máxima de 600 euros al mes, sin perjuicio de que pueda ascender a los 900 euros/mes en algunos supuestos.
Límite de 900 euros alto
En este sentido, FACUA señala que el límite de 900 euros para la renta de los alquileres en los que podrá aplicarse la ayuda es muy alto y no soluciona el problema de la carestía existente en multitud de zonas de España.
La asociación lamenta que el Ejecutivo no haya atendido las reivindicaciones de decenas de organizaciones de la sociedad civil que pedían ir más allá en este mercado para proteger a los usuarios ante los abusivos precios de los alquileres. Además, la asociación teme que, como ha señalado el Consejo de la Juventud (CJE), la medida sólo beneficie al 1,7% de los jóvenes emancipados.
Arrendamientos inflados
En este sentido, FACUA insiste en que el Ejecutivo debe intervenir para reducir los precios de los alquileres en multitud de zonas del país, donde los arrendamientos están inflados y son en ocasiones prohibitivos. La asociación recuerda que más allá de ayudas, el mercado también requiere de limitación de precios de los alquileres para acabar con las subidas de esos particulares que compran viviendas para especular. Por ello, pide al Gobierno que tome medidas y restrinja el coste de los arrendamientos para proteger a los consumidores.
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