Hotel en El Algarrobico (Carboneras)
La promotora del hotel construido en la playa carbonera, ha reclamado 1.680.000 euros al Ayuntamiento de Carboneras como indemnización por la compra de las dos parcelas en las que se ubica el inmueble de la discordia.
Azata del Sol, la promotora del hotel construido en el paraje de El Algarrobico, ha reclamado de nuevo 1.680.000 euros al Ayuntamiento de Carboneras como indemnización por la compra de las dos parcelas en las que se ubica el inmueble de la discordia.
En un escrito dirigido a la Administración local, la mercantil sostiene que el propio objeto del contrato ha devenido inexistente ab origine al haber desaparecido la realidad jurídica de las parcelas vendidas por el Gobierno local a consecuencia de los pronunciamientos judiciales sobre la ejecución del planeamiento urbanístico.
La promotora, que ya reclamó al Ayuntamiento esta cuantía en febrero de 2017, reitera ahora su petición tras el decreto de alcaldía del pasado 18 de julio, emitido para dar cumplimiento a la sentencia dictada por la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Andalucía de 18 de julio 2016 y confirmada por sentencia del Tribunal Supremo de 19 de abril de 2018.
Un fallo por el cual se anula el acuerdo del pleno del 11 de agosto de 2009 por el cual se aprobó la adaptación del PGOU de Carboneras a la LOUA, en lo referente a los sectores ST-1 y ST-2, para declararlos así no urbanizables.
Para la empresa, dicho decreto de alcaldía es un “claro ejemplo” de sus argumentos, y añade que ya que abonó 1.680.000 euros al Consistorio por dichas parcelas para desarrollarlas urbanísticamente y tal intención se ha “frustrado” de forma que no se puede materializar el “aprovechamiento lucrativo y la edificabilidad de uso residencial”.
Añade que el Gobierno local ni siquiera contaría con “un título jurídico válido que le amparara en la transmisión de los terrenos a favor de Azata”, debe ser restituida esta cantidad.
Además, inciden en que tras haber efectuado una reclamación previa de esta cuantía en febrero de 2017 y transcurridos 20 meses, siguen sin recibir una notificación del Ayuntamiento de la que “se desprenda que se ha iniciado la tramitación del procedimiento administrativo” para su resolución.
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