martes, 16 agosto 2022

Personal laboral de los centros educativos en Almería denuncia la privatización de servicios públicos

11 septiembre 2020
Almería
inicio de curso escolar

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El Comité de Empresa de la Delegación de Educación muestra su desaprobación a que la Junta de Andalucía haya cubierto 1.500 plazas de limpiadoras y 152 de PTIS, ampliando las licitaciones a empresas privadas, en lugar de hacer estas contrataciones a través de las propias bolsas de personal laboral.

El Comité de Empresa de la Delegación Territorial de Educación en Almería, un día después del regreso a las aulas del alumnado de segundo ciclo de Infantil, Primaria y Educación Especial, ha trasladado el malestar y la inseguridad que la actual situación de los centros educativos genera entre el personal laboral.

Así lo hace llegar en un comunicado en el que denuncia la gestión de los recursos humanos y materiales por parte de la Junta de Andalucía, a la que acusa de «modificar a su antojo las condiciones de trabajo del personal laboral, desoyendo a los agentes sociales y sin tener en cuenta la seguridad de los trabajadores de los centros educativos».

A juicio de los representantes sindicales, la política del Gobierno andaluz pone en riesgo la salud de trabajadores y usuarios, cuando obliga a que distintas categorías (PTIS y Monitores Escolares), compartan diferentes centros, con el continuo traslado de unos a otros y el riesgo que eso conlleva, por ejemplo. Añaden que Educación «estudia protocolos de seguridad, pero no los lleva a la práctica».

Acusan a los responsables del sistema educativo andaluz de externalizar servicios para reforzar las plantillas
a través de empresas privadas en las categorías del VI Convenio Colectivo de Personal Laboral de la Junta de Andalucía como son, el Personal de Limpieza y Alojamiento (PLA), y el Personal Técnico en Integración Social ( PTIS), entre otros.

En su nota, el Comité de Empresa muestra su desaprobación a que la Junta de Andalucía haya cubierto 1.500 plazas de limpiadoras y 152 de PTIS, ampliando las licitaciones a empresas privadas, en lugar de hacer estas contrataciones a través de las propias bolsas de personal laboral.

A su juicio, el objetivo principal de la Junta de Andalucía queda claro, «trasladar al ámbito privado la gestión de los servicios públicos».

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