La Federación Andaluza de Asociaciones de Personas Sordas (FAAS) ha anunciado que si la Junta de Andalucía no le abona la deuda de dos millones de euros que mantiene con ella por servicios prestados desde 2009, tendrá que cerrar sus puertas el próximo 31 de diciembre, dejando sin servicios de interpretación, formación, empleo y educación a miles de personas con discapacidad auditiva y otras discapacidades en general.
Así lo ha trasladado su delegado provincial en Almería, Javier Baños, quien asegura que el presidente de FAAS, Alfredo Gómez, pidió hace unos días a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, medidas «urgentes» para solucionar el problema de pago de sus deudas con esta organización sin ánimo de lucro que «se encuentra al borde de la quiebra por los impagos del Gobierno autonómico».
La FAAS reclama a la Consejería de Educación 856.000 euros y 1,2 millones de euros a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. Esas deudas le han obligado a endeudarse en dos millones de euros y pagar anualmente unos intereses de unos 90.000 euros, según ha especificado.
En la actualidad trabajan en esta federación unas 80 personas, de las cuales 40 son fijos a tiempo completo. No obstante, estos trabajadores «no cobran su nómina desde hace siete meses porque la Junta no nos ingresa». Igualmente, los bancos han paralizado la póliza de crédito.
El presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones de Personas Sordas –refiere Baños– ha apuntado que el problema financiero generado por los impagos de la Junta ha provocado la pérdida de más de un centenar de empleos en la organización, lo que les ha obligado a reducir de forma continua los servicios prestados a las personas con discapacidad auditiva y discapacidad en general, en materia de interpretación, en atención social, en formación y empleo y en educación.
La delegación provincial de FAAS en Almería atiende a todos los colectivos de discapacidad en general en servicios de formación y empleo a través del Programa Andalucía Orienta, si bien el resto de las entidades de orientación laboral que atienden a la discapacidad «se encuentran en la actualidad cerradas». «Esto ha hecho que se multiplique el número de usuarios, prácticamente de forma desorbitada, y unido a la falta de ingresos de las nóminas a los profesionales, hace que se convierta en una situación insostenible», ha añadido Baños.
