El pasado jueves, representantes de los municipios de Serón, Lubrín y Urrácal interpusieron una denuncia en el juzgado en contra de el presidente de la Diputación Gabriel Amat por “abandonar un servicio tan vital como es el abastecimiento de agua y poner en riesgo la salud de la ciudadanía”.
El portavoz del Grupo Socialista en la Diputación Provincial y alcalde de Serón, Juan Antonio Lorenzo, ha explicado que «estos tres municipios han sido algunos de los que no claudicaron al mandato del PP de la Diputación de subir de manera desorbitada la tarifa del agua y apostaron por una negociación. Ésta no sólo no se produjo, sino que pese a los requerimientos de los ayuntamientos para que Diputación les amparara en el servicio mientras se reorganizaban para realizarlo por sus propios medios. Recibimos un puñetazo en la mesa y las llaves en una notaría en señal inequívoca de que el equipo de Gobierno de Diputación había dado por finalizado el posible proceso negociador».
En ese momento, el pasado jueves, ha añadido el portavoz socialista, “no pudimos aguantar la situación y lo pusimos en conocimiento del juez quien ha dispuesto unas medidas cautelares para que Amat cumpla con su obligación”. “Nunca pensé que la política iba a estar por encima de la salud de los vecinos”, ha lamentado Juan Antonio Lorenzo y ha incidido en que “los pueblos nunca nos negamos a negociar, pero el PP acabó por imponernos una tarifa que nos negamos a aplicar a nuestros vecinos”.
Lorenzo ha lamentado la confrontación que ha orquestado el equipo de Gobierno del PP entre los municipios de Galasa y el “esperpento” en el que se encuentra el propio ente público y, todo, ha dicho, por culpa del líder del PP provincial y presidente de la Diputación, Gabriel Amat.
“No he conocido ningún caso en el que tres municipios pequeños tengan que ir a denunciar al presidente de la Diputación en un juzgado para que éste haga su trabajo. No he conocido nunca en Almería un caso en el que la relación de un ayuntamiento con el presidente de la Diputación tenga que ser a través de un juzgado” ha reprochado Lorenzo a Amat quien, en este sentido, “está haciendo historia” en la gestión de algunos ayuntamientos.
En ese sentido, ha señalado que la tarifa que establece el PP en Galasa obedece a criterios “políticos” dado que el PP “adapta los costes del agua y el superávit de la empresa a los intereses del propio equipo de Gobierno”. “Una empresa no puede cobrar más por el agua que su coste real”, ha precisado Lorenzo en relación a que, finalmente, Galasa ha obtenido un superávit con la subida de la tarifa del agua. Precisamente, ahora, como se ha anunciado de cara a la Asamblea general que tendrá lugar este jueves, día 8, se pretende bajar la tarifa, pero sólo a un sector y en una comarca determinada.
Los socialistas, como ha defendido Lorenzo, “apostamos por una bajada generalizada a todos los usuarios o, al menos, al mismo sector pero en todas las comarcas”.
“Instrumentalizar los servicios públicos”
Por su parte, el consejero de Galasa y alcalde de Arboleas, Cristóbal García, considera que la modificación de las tarifas que propone el PP en Galasa y que llevará a la asamblea del jueves quiere decir que “el estudio económico que justificaba la subida del precio que aprobamos hace cuatro días presentaba deficiencias graves y no era correcto”. En su opinión, lo que hace el PP en Galasa es una “instrumentalización de los servicios públicos desde el punto de vista de la política y no del interés general de la ciudadanía”.
La secretaria de Política Municipal del PSOE de Almería, Adela Segura, ha acompañado a los alcaldes y diputados en la rueda de prensa de esta mañana y ha calificado de “teatrillo” lo que sucede en Galasa a causa de la gestión de Amat a quien exige “explicaciones”. Segura ha reprochado a los populares las tres actitudes que han mostrado con los ayuntamientos al exigir la subida tarifaria. “Si interesa que un municipio se quede se le compensa, o se le presiona o se le asusta diciendo que la situación será caótica si no permanece en Galasa”, ha enumerado. La Diputación, en general, “está perdida en cuanto a la responsabilidad que tiene de respetar las leyes”, ha valorado Adela Segura.
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