martes, 27 febrero 2024

Los ayuntamientos de municipios de menos de 10.000 habitantes deben contar con un canal de denuncias antes del 1 de diciembre

30 noviembre 2023
Nacional
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La nueva Ley de Protección al Informante exige implantar un canal de denuncias antes del 1 de diciembre de 2023 a las pequeñas y medianas empresas, de entre 50 y 249 empleados, y a los ayuntamientos de municipios con menos de 10.000 habitantes

La nueva Ley de Protección al Informante, aprobada por el Congreso de los Diputados el pasado 16 de febrero y en vigor desde el 13 de marzo, recoge que todas las empresas de más de 50 empleados, entidades públicas, organizaciones políticas y sindicales con fondos públicos van a tener que contar con un sistema interno de información o canal de denuncias en el seno de sus entidades.

En una primera fase hasta el 13 de junio de 2023, casi 5.000 grandes empresas con más de 249 empleados, así como 750 ayuntamientos de municipios de toda España con más de 10.000 habitantes, se vieron obligadas a implantar un canal de denuncias propio.

Este viernes 1 de diciembre expira la segunda fase de implantación para las casi 20.000 pequeñas y medianas empresas que existen en España con una plantilla de entre 50 y 249 empleados, según el Directorio Central de Empresas, con datos a 1 de enero de 2022. Del mismo modo, en la administración local, los ayuntamientos de los más de 7.350 municipios españoles que tienen menos de 10.000 habitantes también deben implantar su propio canal de denuncias antes del 1 de diciembre.

María Dolores Pescador, presidenta ejecutiva de Grupo Logalty, afirma que “la tecnología es un aliado imprescindible para cumplir con los dos principales requisitos de la nueva ley: el anonimato del denunciante y la supresión de datos en el tiempo establecido. Nuestro canal de denuncias permite a las personas informar sobre sospechas de mala conducta de forma confidencial, con la seguridad jurídica y tecnológica que avala la larga trayectoria de Grupo Logalty en el cumplimiento del compliance”.