El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF) de Almería, dependiente de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, ha llevado a a cabo, a través del Servicio de Patología Forense, 311 autopsias a cadáveres por muerte violentas y 5 reconocimientos de cadáver. De las 311, se determinó que la muerte fue por accidente en 122 casos, suicidio en 62 y 10 por homicidio.
Del total de actuaciones realizadas desde sus diferentes servicios a lo largo del pasado año, la gran mayoría se realizan por orden judicial con el objetivo de valorar y determinar el daño corporal producido, según recoge el balance anual de este servicio.
En concreto, los profesionales realizaron 3.216 informes periciales sobre lesionados especiales y se realizaron 341 reconocimientos extrajudiciales y se emitieron 91 informes psicosociales. Además, el Servicio de Guardia del IMLCF atendió 68 agresiones sexuales.
En la Unidad de Valoración Integral de Violencia de Género del Instituto, fueron atendidas 489 mujeres y 30 agresores. Se realizaron 351 reconocimientos psicológicos y 153 por trabajadores sociales.
El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses dispone, por un lado, de un servicio de Clínica Forense, donde se estudian todas las cuestiones de salud relacionadas con los hechos seguidos desde los órganos judiciales en la esfera Civil, Penal y Social. Además, cuenta con un servicio de Patología Forense, en el que se lleva a cabo la investigación sobre las causas y circunstancias de la muerte en los casos de muertes violentas o en los que existan dudas sobre su etiología y, por tanto, sean sospechosas
Por otro lado, dentro de este organismo se encuentra la Unidad de Valoración Integral de Violencia de Género (UVIVG), que se encarga de informar a requerimiento de órganos judiciales y fiscalías con competencia en esta materia sobre la valoración integral de los efectos de la violencia física, psíquica y sexual en las mujeres víctimas, además de los efectos que sufren los menores a cargo de las mismas y la peligrosidad objetiva y riesgo de reincidencia del denunciado.
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