Los Ayuntamientos de El Ejido, Roquetas de Mar y Vícar y la Junta General de Usuarios han firmado este jueves con ACUAMED la adenda que permitirá incluir importantes modificaciones en el Convenio Regulador de la financiación y explotación de la planta desaladora del Campo de Dalías, que se firmó en noviembre de 2006.
La rúbrica del documento incluye la posibilidad de derivar las obligaciones de pago de las facturas a las empresas concesionarias del servicio en aquellos casos en los que el Ayuntamiento no gestione directamente, sino a través de una empresa privada o mixta.
Ello se produce ante el interés suscitado entre las Administraciones que forman parte de este Convenio y que obedece a razones relacionadas con la gestión técnico-económica de la presentación del servicio público de aguas y que es ajeno a ACUAMED.
Igualmente, se contemplan modificaciones tan importantes como las previstas en los volúmenes anuales asignados a cada consistorio, de manera que en el caso de El Ejido se mantiene en 7,5 hectómetros cúbicos al año; Roquetas de Mar sube 0,5, estableciéndose en 8,5 hm3/año; Vícar baja 0,5 hm3, siendo su aportación anual de 6,5 hm3. La Junta Central de Usuarios se quedará con 7,5 hectómetros cúbicos.
También se contempla la modificación del plazo de pago, establecida en los 20 días siguientes al mes liquidado pasando a 30 días desde la aceptación de la factura por parte del usuario.
Otro de los aspectos que se han visto afectados por la adenda han sido los criterios de asignación de inversiones. De esta manera, se concreta la participación de los ayuntamientos y de la Junta Local de Usuarios en la financiación de la desaladora en proporción a los volúmenes asignados. Por otra parte, respecto de las inversiones en infraestructuras, las que sean de uso conjunto del Ayuntamiento o la Junta Central de Usuarios serán asignadas en su totalidad al conjunto estos y si las infraestructuras son compartidas la inversión se asignará en proporción a los caudales de cada usuario.
De igual manera, se establece de forma transitoria para 2019 y 2020, en tanto los municipios alcancen el volumen asignado, unos criterios de asignación de inversiones que se traducen en unas tarifas transitorias de amortización basadas en el criterio establecido para 2018.
Por otra parte, se determina que los costes fijos de la tarifa anual se asignarán en proporción al volumen comprometido por cada usuario por la anualidad correspondiente y los costes variables serán proporcionales a los de agua realmente producidos y entregados a cada usuario. También se regulan las condiciones de incorporación de nuevos usuarios o la actualización del Convenio respecto a la protección de datos.
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