El número de expedientes tramitados por la Inspección de Ordenación de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Consejería de Fomento en lo que va de 2020 ha experimentado un aumento sin precedentes.
A pesar de las dificultades ocasionadas por la crisis sanitaria de la covid-19, se ha incrementado notablemente las actuaciones en materia de disciplina urbanística con respecto a 2019, año que ya experimentó un incremento considerable. Así, del 1 de enero hasta el 30 de septiembre de 2020 se han tramitado 808 expedientes, es decir, un 60 por ciento superior al mismo periodo del año anterior.
La Inspección de Ordenación del Territorio y Urbanismo ha redoblado las visitas de inspección a lo largo de todo el territorio andaluz partiendo no sólo de las denuncias recibidas, sino también de una previa programación de las actuaciones a partir de un diagnóstico del territorio efectuado mediante un detallado rastreo de nuevas edificaciones y construcciones detectadas en la ortofotografía digital disponible.
De las 419 visitas inspectoras realizadas en todo 2019 se ha pasado a las 371 en lo que va de año, más del doble de la de 2018, que se cerró el ejercicio con 164.
Para garantizar la eficacia de las actuaciones disciplinarias, se está haciendo uso de las herramientas previstas legalmente para suspender de inmediato la ejecución de actuaciones ilegales en suelo no urbanizable. En especial, de las órdenes de suspensión de actuaciones ejecutadas sin licencia, del precinto de construcciones irregulares en construcción, del corte de suministros ilegales y la de la imposición de multas coercitivas.
Dichas medidas están posibilitando que las futuras resoluciones puedan ejecutarse con una mayor sencillez, que por parte de los infractores se acometa la demolición de los actos ilícitos de manera voluntaria y que se paralicen las actuaciones ilegales en sus primeras fases.
En Almería se ha pasado de ningún precinto en 2019 a 65 en 2020 y de dos multas coercitiva el pasado año a 15 entre enero a septiembre de este ejercicio. Las posibles sanciones a los parceladores, que con ánimo de lucrarse y a sabiendas de su ilegalidad venden cuotas de suelo no urbanizable con una finalidad urbanística, se elevan a más de tres millones de euros este año.
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