La Administración sanitaria andaluza en Almería ha cifrado en un 40 por ciento el seguimiento de la huelga de médicos convocada este viernes por el Sindicato Médico (SMA) y la Lista Independiente de Médicos del Poniente (Limpa) en los hospitales de Poniente y El Toyo. Una jornada en la que han trasladado a la opinión pública la situación crítica que se vive en ambos centros hospitalarios, originada por los recortes en sanidad de la Junta de Andalucía.
Ausencia de incidencias en esta jornada en la que se han mantenido unos servicios mínimos equivalentes a los de un fin de semana a los que se suman parte del servicio de hemodiálisis y ciertos refuerzos en hospitalización.
Según los datos de salud, en torno a 72 médicos de los 180 de la plantilla han secundado las movilizaciones, primeras que se producen contra los recortes de la Junta en un centro sanitario andaluz.
Unos 70 médicos se han concentrado frente a la Delegación de Salud de la Junta en Almería, y en un manifiesto en el que han criticado que el Gobierno andaluz no haya aplicado recortes en cuestiones como «la televisión y radio autonómica, los coches oficiales, los miles de teléfonos móviles, las subvenciones a sindicatos u otros organismos o adelgazando el gran aparato político andaluz». Consideran que en el caso de que no les quedara más remedio que aplicar recortes en la sanidad andaluza deberían empezar por aquellos estamentos cuya inexistencia no tiene impacto alguno sobre la calidad asistencial de los pacientes.
Afirman que el 30 por ciento de presupuesto en sanidad se destina a conciertos con clínicas privadas así como en agencias, fundaciones y escuelas que no tienen más función que la de servir de cobijo para amigos y antiguos cargos directivos de la sanidad andaluza, con lo que calculan que, si se suprimiera este gasto, no sería necesario ajustar el sistema sanitario.
El Sindicato Médico y la Lista Independiente de Médicos del Poniente (Limpa) han expuesto su temor a que los recortes desmotiven a los profesionales sanitarios y se produzca una fuga de facultativos a otras comunidades, países o a la sanidad privada, dejando sin personal a los hospitales y centros de salud.
