Días después de que la consejera de Salud se reuniera con el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos para tratar el espinoso asunto de la violencia hacia este colectivo profesional, un facultativo del área de Consultas del Centro de Alta Resolución Bola Azul en Almería, ha sufrido la agresión de un paciente. Los hechos se produjeron cuando éste, que había llegado tarde a su consulta programada, se negó a esperar a que el resto de pacientes fueran atendidos y mostró una absoluta falta de civismo, que ha sido condenada por los responsables sanitarios.
Desde el momento en que se produjeron los hechos, el Complejo Hospitalario Torrecárdenas ha puesto a disposición de la víctima el apoyo necesario, incluyendo la defensa y asesoría jurídica.
La dirección del centro sanitario almeriense quiere manifestar su más absoluta repulsa a este tipo de conductas, que carecen de cualquier justificación. Ya se ha interpuesto por parte del profesional afectado la correspondiente denuncia y los servicios jurídicos del Servicio Andaluz de Salud solicitarán que la agresión sea considerada como un delito de atentado, lo que implicaría la condena a prisión del agresor.
La agresión física o intimidación grave contra profesionales del sistema sanitario público en el ejercicio de su función pública asistencial viene siendo considerada como delito de atentado por los tribunales de Justicia, y así se han dictado sentencias en estos casos, castigándose con penas de uno a tres años de prisión.
Mapas de riesgo
La Junta de Andalucía rediseñará los mapas de riesgo para detectar las zonas de mayor conflicto y prevenir las agresiones a profesionales. Estos mapas de riesgo posibilitarán definir las medidas de seguridad más eficaces según las necesidades de los distintos puestos de trabajo.
El Plan de Prevención y Atención de Agresiones del sistema sanitario público de Andalucía incluye tanto medidas preventivas para luchar contra los ataques como un protocolo de actuación una vez que se produce cualquier situación de violencia.
Entre las medidas preventivas se encuentran la instalación de sistemas de seguridad (cámaras de videovigilancia, timbres avisadores, guardias de seguridad) como formación para que los profesionales aprendan a actuar ante situaciones de tensión. En los casos en los que se produce la agresión, el plan contempla apoyo psicológico y asistencia jurídica para las víctimas.
