viernes, 19 abril 2024

Un juzgado condena al Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora a devolver a una promotora las tasas de licencia de obra

9 junio 2015
Provincia
132 viviendas de protección oficial

Imagen de archivo.

Comparte esta noticia en tus redes

El retraso injustificado impidió la ejecución de una promoción de viviendas y los empresarios inmobiliarios se vieron obligados a abortar el proyecto

Un juzgado de Almería acaba de dictar una sentencia de lo más novedosa al condenar al Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora a pagar a una empresa promotora 125.000 euros correspondientes a una tasa de licencia de obra para iniciar un proyecto de viviendas que no se llegó a ejecutar. El juez ha entendido que el cobro se declara indebido en el mismo momento en que se da por fracasada la promoción de viviendas.

El juez, además,  ha condenado al consistorio al pago de intereses por los años ya transcurridos y a las costas procesales. Una sentencia ejemplar que avisa a las administraciones de las consecuencias de sus gestiones ineficaces y de la necesidad de excluir motivos como «los políticos» de procedimientos administrativos de interés como éste, explican desde el despacho de abogados Martínez-Echevarría, que ha sido en donde se ha llevado a cabo la demanda y representación de la promotora.

Señalan que el ayuntamiento cuevano cobró 125.000 euros correspondientes a una tasa de licencia de obra solicitada por una empresa promotora para iniciar un proyecto de viviendas. El trámite de la mencionada licencia, que normalmente se extiende por el plazo de un mes, no se resolvió en los siguientes 17 meses, por lo que los promotores ya no podían contar con la financiación bancaria necesaria para el proyecto.

Al retrasarse tanto en el tiempo la resolución municipal, los empresarios entienden que han tenido un grave perjuicio, al no poder continuar con la inversión, lo que ha convertido este cobro en indebido.

La ley vigente prevé que este tipo de devoluciones de cobros indebidos prescriben a los cuatro años, por lo que los argumentos jurídicos de Martínez Echevarría Abogados se han basado en fijar la fecha desde la que se considera que el cobro es indebido; y han demostrado que está dentro de los cuatros años anteriores a la interposición de la demanda. “No se explica como un procedimiento administrativo se puede alargar tanto, impidiendo la construcción de viviendas necesarias para el municipio, y causando un perjuicio a un empresario dispuesto a invertir para crear riqueza en la zona», añade Jose María Díaz, socio del Despacho Martínez-Echevarría.