martes, 21 mayo 2024

Un juez ordena la devolución de una vivienda ejecutada

16 junio 2014
Nacional
bankia

Sucursal de Bankia

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La PAH, ha anunciado medidas para extender los efectos de esta sentencia a todas las ejecuciones hipotecarias y desahucios cometidos con violación de los derechos de las personas afectadas.

El Juzgado de lo Mercantil número 3 de Barcelona ha declarado nulo un procedimiento de ejecución hipotecaria por haberse realizado al amparo de cláusulas abusivas y ha ordenado a Bankia la devolución de la vivienda a su propietario inicial, siguiendo la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en el caso Aziz, de 14 de marzo de 2013 (sentencia aquí).

Los fundamentos principales de esta decisión judicial son que aquel procedimiento de ejecución hipotecaria no permitió que el juez de primera instancia de Gavà valorase las claúsulas abusivas que se han apreciado. En este caso se han considerado abusivas la claúsula de vencimiento anticipado y los intereses de demora.

El Fallo declara nulo el Procedimiento de Ejecución Hipotecaria 811/2011E del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Gavà, en el marco de cual se realizó la subasata de la vivienda, la adjudicación a Bankia y el ulterior desalojo (entrega de llaves), al tener dicha ejecución como fundamento esencial, primordial una cláusulas que se debieron considerar nulas.

Al haberse ejecutado la hipoteca bajo la legislación anterior sin respetar el derecho de defensa, la entidad financiera debe devolver la vivienda a sus propietarios y reponer todo el procedimiento al momento anterior a la demanda.

Recordamos que la sentencia del TJUE del caso AZIZ del marzo del año pasado declaró ilegal el procedimiento de ejecución hipotecaria español, por no respetar los derechos de los consumidores, en concreto por vulnerar la Directiva 93/13 sobre protección a consumidores.

En las próximas semanas, la PAH, ha anunciado medidas para extender los efectos de esta sentencia a todas las ejecuciones hipotecarias y desahucios cometidos con violación de los derechos de las personas afectadas.