Varios promotores de Almería, Granada y Sevilla han solicitado a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que investigue el destino de más de 11 millones de euros (11.033.845 €) de fondos públicos de la Junta de Andalucía para subvenciones que iban dirigidos a empresas promotoras andaluzas para la construcción de vivienda protegida. Dinero que, a día de hoy, asegura la patronal no se ha cobrado.
Tras reclamar la citada deuda en más de 20 ocasiones desde el año 2011, aseguran en un comunicado, las patronales han dado por extinguida la vía administrativa.
Las viviendas, en su mayor parte vivienda protegida en régimen de alquiler con opción a compra, están finalizados y habitados desde hace varios años. Se trata de subvenciones recogidas en el Plan Andaluz de Vivienda 2008-2012 y cuyos fondos parten originalmente del Gobierno Central (Ministerio de Fomento). Este, una vez conocidos los expedientes, abona a la Junta de Andalucía las cuantías correspondientes y es la Junta de Andalucía la que debe abonarlas al promotor.
El sector censura que el gobierno andaluz no abone estas subvenciones finalistas, a pesar de que el Ministerio de Fomento certificara haber abonado las citadas ayudas a la Junta de Andalucía para que esta las pagase a los beneficiarios.
Este complejo proceso se ha ido ejecutando de un modo fluido hasta el año 2010, a partir del cual las subvenciones no han sido abonadas por la Junta de Andalucía.
El sector reprocha a la Junta de Andalucía que no haya aprovechado en este tiempo los planes de pagos a proveedores y el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) para «sacar las deudas de los cajones» y saldar todas las deudas para no seguir poniendo en riesgo la supervivencia de un sector generador de mano de obra y puestos de trabajo.
En este sentido, advierten que esta «normalización de los impagos» por parte del Ejecutivo autonómico en el sector de la construcción «está destruyendo tejido productivo y muchos puestos de trabajo en toda Andalucía».
