En la habitual reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía se ha decidido la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad promovido por el Gobierno Central de España. Dicho decreto recoge la nueva regularización estatal de horarios y rebajas comerciales. Además, se va a ir en contra del recorte en las vacaciones y permisos de los empleados públicos.
De este modo, el Tribunal Constitucional tendrá la palabra, ya que a juicio del Gobierno andaluz, «los artículos 27 y 28 de esta norma estatal vulneran y dejan sin contenido competencias autonómicas sobre horarios, rebajas y ordenación del comercio minorista, además de suponer un perjuicio para las pymes comerciales de la comunidad». Junto con estas disposiciones, la Junta recurrirá también el artículo 8, que altera el marco competencial al fijar unilateralmente el régimen de vacaciones y permisos de los empleados públicos en todas las comunidades autónomas.
Respecto al sector comercial, el Ejecutivo andaluz impugnará el artículo 27 del Real Decreto-Ley, que modifica diversos preceptos de la Ley 1/2004 de Horarios Comerciales para introducir un alto grado de concreción en su regulación. Según el Consejo de Gobierno, este nivel de detalle, que sólo se justifica en el caso de competencias exclusivas y directas, «supone una extralimitación que deja sin margen a la comunidad para determinar los domingos y festivos de libre apertura y la declaración de zonas de gran afluencia turística a efectos de horarios». Similar invasión competencial supone el artículo 28 de la norma estatal, «ya que este precepto será recurrido por introducir medidas de liberalización en materia de rebajas que rompen el actual modelo comercial y que, en cualquier caso, sólo corresponderían a la comunidad autónoma».
En su acuerdo de autorización, el Gobierno andaluz recuerda que «el propio Constitucional ha establecido límites teóricos a la competencia del Estado sobre la ordenación general de la economía. Además de la invasión de competencias, la Junta también advierte «de la posible vulneración del artículo 86.1 de la Constitución Española por el uso abusivo, arbitrario e inadecuado del instrumento del Real Decreto-Ley, para el que la Carta Magna exige la concurrencia de ‘extraordinaria y urgente necesidad’ y de una conexión justificada entre la situación de urgencia y las medidas concretas que se adoptan», y estos requisitos no se reúnen según el criterio de la Junta.
Entre otros cambios normativos, el Real Decreto-Ley fija en 90 el número de horas de apertura semanal de los establecimientos comerciales en días laborables y en la horquilla de 10-16 la cifra de los domingos y festivos autorizados. La medida, que beneficia a las grandes superficies en perjuicio del pequeño comercio, contrasta con las 72 horas y ocho festivos establecidos, respectivamente, por la vigente Ley de Comercio Interior de Andalucía, «norma que garantiza también la libertad horaria para los locales de menos de 300 metros cuadrados, las tiendas de conveniencia, los establecimientos de estaciones y aeropuertos y los establecimientos de los 24 municipios andaluces declarados zonas de gran afluencia turística a efectos de horarios».
En cuanto a las rebajas, la norma estatal permite a los comerciantes determinar libremente los periodos y su duración y elimina las limitaciones temporales para la puesta en venta de productos en promoción. La Junta considera que todo ello «perjudica al comercio minorista, que no podrá hacer frente a la capacidad de las grandes superficies para mantener en el tiempo estrategias basadas en la reducción de precios». El sector comercial representa el 10% del Producto Interior Bruto regional, aglutina a casi 184.400 establecimientos (pymes en un 94%) y ocupa a 452.300 personas (el 16,3% de la población ocupada andaluza), con una fuerte presencia del autoempleo y del empleo femenino.
Recortes en la función pública
Además de las dos disposiciones relativas al comercio, el recurso autorizado por el Consejo de Gobierno incluye también la impugnación del artículo 8 del Real Decreto-Ley 20/2012, que modifica el Estatuto Básico del Empleado para establecer un modelo uniforme de vacaciones y permisos en todas las comunidades autónomas. El Ejecutivo andaluz subraya que esta regulación «no sólo merma derechos laborales reconocidos hasta ahora, especialmente en lo referido a permisos por maternidad (cuatro semanas menos que en Andalucía), sino que también vacía de contenido las competencias autonómicas de desarrollo legislativo y ejecución». Según el Consejo, «y de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional, las bases aprobadas por el Estado deben conectarse con las atribuciones de las comunidades autónomas».
