El subdelegado del Gobierno de España en Almería, José María Martín, ha hecho balance este jueves por la mañana del impacto que tendrán en Almería las medidas de justicia energética aprobadas por el Gobierno para aminorar los efectos de la subida de los precios de la energía causado por la guerra en Ucrania.
Entre estas destacan la extensión de las tarifas reguladas de calefacción con gas a todos los hogares del país, con el nacimiento de una nueva Tarifa de Último Recurso (TUR) para las calderas comunitarias, y la aplicación de un descuento del 40% en la factura eléctrica para familias trabajadoras con bajos ingresos afectadas por la crisis. También destacan una mayor protección para los consumidores vulnerables, más impulso a la eficiencia energética –especialmente en alumbrado exterior– y más fomento de las renovables y el autoconsumo.
Una de las medidas que mayor impacto tendrá en Almería será la aplicación del bono social de electricidad a los hogares de trabajadores con bajo ingresos.
Esta medida estará en vigor hasta finales de 2023 y podrán beneficiarse los titulares de electricidad que estén acogidos al Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC). Igualmente, es necesario que la renta conjunta de la unidad familiar sea igual o inferior a 2 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, el llamado IPREM, de 14 pagas.
Según ha explicado el subdelegado, en Almería, se podrán beneficiar de esta medida, con un descuento del 40% en sus facturas, hasta 126.000 hogares por sus niveles de renta, de los que 84.000 ya tienen contratos con PVPC (Precio Voluntario del Pequeño Consumidor) y el resto están en el mercado libre.
Con la entrada en vigor de este nuevo decreto, el incremento de los porcentajes de descuento del actual bono social eléctrico. De manera que los consumidores pasarán a beneficiarse del 65% de descuento en su factura y los vulnerables severos del 80%.
“ Esta es la manera de afrontar la crisis económica y la inflación que deriva de ella, ayudando a las familias y a los sectores que más dificultades tienen. Otros, en cambio, aplican recetas que solo benefician a los que más tienen”, ha dicho Martín.
Las medidas de justicia energética se unen a otras vigentes como la reducción del IVA de la luz y el gas, el complemento de 400 euros de las becas, la prórroga de la limitación de la subida del alquiler, la bonificación del carburante, con un beneficio directo a las más de 6.000 empresas de transporte de la provincia, los incentivos que se han destinado para el transporte público, las ayuda de 200 euros para las rentas bajas o el incremento del 15% que se aprobó para las pensiones no contributivas, por citar algunas de ellas.
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