La Junta de Andalucía es la propietaria de los terrenos sobre los que se levanta el hotel de Azata del Sol en El Algarrobico, en Carboneras, fincas que adquirió por 2,3 millones de euros a la promotora en septiembre de 2006 con el objetivo, según indicó el entonces presidente del Gobierno andaluz, Manuel Chaves, de restaurar la zona para devolverla al estado anterior a su construcción y de hacer «desaparecer» el establecimiento de una veintena de plantas y 411 habitaciones.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dado validez al derecho de retracto ejercido por la Junta sobre cinco fincas propiedad de Azata y establece, en una resolución, que el suelo es, por tanto de titularidad pública. Desestima, así, el recurso que elevó a la Sala de lo Contencioso-administrativo el Ayuntamiento de Carboneras a la espera de resolver otros dos en el mismo sentido interpuestos por Azata SL y por Azata del Sol, constructora del hotel.
La sentencia, dictada el día 7 y contra la que cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS), establece que el derecho de retracto es conforme a derecho y designa al delegado provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Almería para que, en nombre de la Junta andaluza, «formalice las escrituras de compraventa o, en su defecto, actas de pago y ocupación».
Apunta, al hilo de esto y con respecto a la posibilidad o imposibilidad de restaurar los terrenos a su estado primitivo, que el destino que haya de darse a los terrenos objetos de litigio «es una cuestión que se suscitará con posterioridad y a resultas del derecho de retracto».
El Alto Tribunal respalda, así, la compra de la Junta que justificó el retracto en la necesidad de proteger los valores medioambientales del parque natural de Cabo de Gata-Níjar.
Cabe recordar, no obstante, que Azata adquirió los terrenos sobre los que se levanta el hotel de El Algarrobico en 1999 y en el contrato de compraventa «las partes vendedoras hacían constar que las fincas objeto de la escritura no estaban enclavadas en el parque natural. Sin embargo, el tribunal considera que los derechos de tanteo y retracto son facultades «inherentes» a la que se declare un espacio como protegido y que la administración ambiental, en este caso la Junta, puede ejercerlo «con independencia del PORN que lo regule y de la calificación urbanística».
El TSJA subraya que el interés medioambiental del paraje «resulta notorio» por estar bajo hasta seis figuras conservacionistas europeas.
