El titular del Juzgado de Instrucción 5 de Almería ha archivado la causa abierta por el aparcamiento habilitado en la Cala San Pedro, en el parque natural de Cabo de Gata-Níjar, tras considerar que la obra se limitó a «compactar el firme y a retirar las piedras en un camino y una explanada ya existentes», y que no afectaron a la biodiversidad del paraje.
Así, el juez dicta el sobreseimiento para el propietario del Castillo de San Pedro, única persona que estaba imputada por presuntos delitos contra la ordenación del territorio y contra el medioambiente tras llegar a la conclusión de que «no concurren indicios racionales suficientes de haberse perpetrado el tipo penal».
Archivo recurrido
El dictamen judicial será recurrido por la Asociación Amigos del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar-Ecologistas en Acción. El colectivo ha señalado que la actuación supone un atentado contra los valores naturales y que «no puede quedar impune». A juicio de sus responsables se trata de un aparcamiento ilegal que realizó la propiedad privada en el sendero peatonal que da acceso a la cala.
Amigos del Parque explica que durante las diligencias «no se han valorado todas las cuestiones objetivas que puede determinar» que el aparcamiento «ilegal» podría ser constitutivo de delito de ordenación del territorio como sostiene la jurisprudencia al considerar un aparcamiento una nueva construcción. «Habilitó una zona de aparcamiento para uso privado, incluso cobrando un precio de siete euros cuando ni siquiera contaba con la licencia municipal de actividad economía y había sido objeto de denuncias», subraya tras advertir de que podría tratarse, a su juicio, del «preludio de los interés especulativos de realizar un resort turístico en la zona por parte de la propiedad privada», defienden los ecologistas.
Caso reabierto
Sobre este asunto, la Audiencia Provincial de Almería ordenó hace un año al juzgado instructor, tras un primer archivo, la reapertura y la práctica de diligencias que incluían la citación a declarar como imputado del propietario, recabar informe por parte del Ayuntamiento de Níjar y practicar un informe pericial de tasación de daños medioambientales.
En su declaración en sede judicial, trasladó que la titularidad del camino pasó a titularidad municipal en octubre de 2013 y aportó la licencia otorgada para limpieza y acondicionamiento de la pista de rodadura existente en el Paraje Cerro Negro y Rocardillo de Las Negras «condicionada al cumplimiento de una serie de requisitos que se especifican en la misma y sin perjuicio de procedimientos sancionadores administrativos que se encontrasen pendientes».
En su resolución, la magistrada, que se aviene a lo informado por el Ministerio Fiscal, indica que, si bien «es cierto» que la zona afectada se «reputa de especial protección», no hay indicios de que el imputado procediera a realizar una construcción o edificación «propiamente dicha» y alude a un informe del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil en el que se hace constar que «el camino y la explanada existían con anterioridad, limitándose el imputado a compactar firme y retirar piedras».
Señala que, aunque se llevó a cabo en abril de 2012 y obra en la causa un informe de la Consejería de Medio Ambiente que apunta que la actuación en 2,2 kilómetros de camino, y 1.000 metros cuadrados de aparcamiento «pudo suponer pequeños desmontes puntuales para obtener árido», esta cuenta «en la actualidad» con una licencia municipal de obra para el acondicionamiento de la zona «si bien de fecha 2013».
En esta línea, asegura que, a esta circunstancia, hay que tener en cuenta un informe pericial de daños medioambientales en el que se recoge que las obras ejecutadas en el paraje de la Cala San Pedro «están destinadas a mejorar el mantenimiento de la misma, siendo de limpieza de piedras, acopiándolas en los márgenes, asentamiento y nivelación del terreno».
Con respecto al presunto delito contra el medio ambiente, la jueza Almudena Marina Navarro concluye, a la vista de lo anterior, que no se afectó a la «biodiversidad del paraje».
