En una carta remitida a la Junta de Andalucía, Agrícola La Misión, propietaria del Cortijo del Fraile, ofrece al Gobierno andaluz la titularidad de este Bien de Interés Cultural (BIC), ubicado en el corazón del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar y vinculado a la obra Bodas de sangre de Federico García Lorca.
La titular del edificio ha propuesto a la administración andaluza una permuta de terrenos, la cesión temporal de este espacio, o la creación de una fundación; propuestas presentadas por los dueños que, según ha señalado la delegada del Gobierno, Sonia Ferrer, destacan por su «indefinición» y ha pedido «claridad» y «concreción».
Y en respuesta al ofrecimiento, la Junta ha instado a los propietarios del Cortijo del Fraile y al Ayuntamiento de Níjar a consensuar la rehabilitación y uso del mismo para asegurar su conservación y planificar su uso cultural y turístico.
Sonia Ferrer ha invitado además a la Diputación Provincial de Almería y al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a participar en esta iniciativa. El Cortijo del Fraile, en avanzado estado de deterioro por la nula conservación a la que lleva décadas sometido, se convierte en una patata caliente .
Amigos del Parque
El colectivo ecologista Amigos de Parque Natural ha reclamado a la Junta la convocatoria urgente de una reunión de los miembros que componen el grupo de trabajo acordado en abril por la junta rectora del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar para el diseño de medidas encaminadas a la rehabilitación de esta construcción sobre la que pesa una declaración oficial de ruina por encontrarse al «borde del colapso».
Sanciones a los propietarios
Sonia Ferrer no ha pasado por alto el hecho de que es Agrícola La Misión es la responsable de conservar el BIC, de acuerdo a lo establecido por la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía, así como que el Gobierno andaluz ha impuesto a la mercantil diversas multas, la última este mismo mes, por el incumplimiento de sus obligaciones.
En este sentido, la delegada ha señalado que en junio del 2012, se requirió a la propiedad la ejecución de un proyecto de conservación y rehabilitación presupuestado en 37.000 euros, resolución que fue recurrida y que el TSJA falló a favor de la Junta.
