domingo, 25 septiembre 2022

CSIF recurre la aprobación del Plan de Ajuste de la Junta por ‘inconstitucional’

8 julio 2012
Almería
CSIF no quiere que se crea que los empleados públicos tienen la culpa de los derroches en las administraciones

Francisco Iglesias, sindicato CSIF

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El sindicato ha presentado la demanda ante el TSJA por la vía de la protección de los derechos fundamentales por vulnerar cinco artículos de la Constitución Española

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF, ha presentado hoy, día 6, un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra el acuerdo de Gobierno de la Junta de Andalucía del pasado 22 de mayo, que aprobó el Plan de Ajuste Económico-Financiero de la Administración Autonómica.

El sindicato liderado por Francisco Iglesias en Almería ha llevado a cabo la demanda por la vía especial de Protección de los Derechos Fundamentales ya que, a juicio de la Asesoría Jurídica de CSIF, el acuerdo de la Junta vulnera cinco artículos de la Constitución Española, en concreto, el 9.2, 14, 24, 28 y 37.

En el caso del artículo 9.2 contradice el principio de prohibición de irretroactividad de las leyes, ya que la resolución recurrida prevé su aplicación para todo el año 2012, cuando ha sido aprobado a mediados de año. La vulnerabilidad del 14 y el 24 se centra en que a cada colectivo no se le reparte equitativamente la carga. CSIF explica que «no se puede recortar de manera indiscriminada y desproporcionada sin atentar contra el derecho de Igualdad».

Para los representantes de CSIF se infringen los artículos 28 y 37 porque las materias contenidas en el acuerdo impugnado debieron haberse llevado a mesa de negociación con las organizaciones sindicales. Francisco Iglesias, presidente del sindicato en Almería, ha señalado que «se ha tomado esta medida necesaria porque «así nos lo demandaban los empleados públicos y esperamos que la Justicia ponga coherencia ante una actitud ilógica de la Junta de Andalucía, que de nuevo carga toda la responsabilidad a las espaldas de los empleados públicos», explica.

El sindicato agotará todas las vías judiciales posibles para que la Justicia, comenta Iglesias, «reponga los derechos conculcados a estos trabajadores con un Decreto Ley repleto de medidas desproporcionadas, injustas y arbitrarias».